La Justicia de San Luis dispuso la medida sobre los haberes del presidente provisional del Senado tras detectar el impago de impuestos provinciales por $45 millones. El legislador denunció una maniobra de "persecución política" de la gestión de Claudio Poggi.
El senador nacional por La Libertad Avanza y figura clave en la estructura de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, se encuentra en el centro de una controversia legal en su provincia natal. El Juzgado de Ejecuciones Fiscales de San Luis, bajo la firma del magistrado Alberto Spagnuolo, notificó formalmente al Senado de la Nación la orden de trabar un embargo ejecutivo sobre los ingresos del legislador.
La medida responde a una deuda acumulada de 45 millones de pesos en concepto de impuesto inmobiliario y otras tasas provinciales. Dado que el oficio ingresó a la mesa de entradas del Congreso el pasado viernes, la institución deberá proceder a la retención de una parte de la dieta de Abdala —que ronda los 11 millones de pesos mensuales— hasta cubrir la totalidad del monto reclamado por el fisco puntano.
"Persecución política": La defensa del senador
Tras conocerse el fallo, el presidente provisional del Senado vinculó directamente la acción judicial con el escenario político provincial. Abdala no dudó en señalar al actual gobernador, Claudio Poggi, como el artífice de un plan de hostigamiento para frenar su proyección política.
"Es una persecución política del gobernador. Lamentablemente, Poggi usa los mismos métodos que los Rodríguez Saá para perseguir a los opositores", disparó el referente libertario.
Según Abdala, este movimiento judicial busca minar sus aspiraciones para competir por la gobernación el próximo año. Además, denunció una "presión tributaria desmedida" en la provincia, posicionándose como una víctima de la estructura estatal. Cabe destacar que, de acuerdo con su última declaración jurada, el legislador cuenta con un patrimonio declarado de 197 millones de pesos.
La respuesta del Ejecutivo provincial
Desde la administración de San Luis, la respuesta no se hizo esperar. Teresa Capiello, directora de Ingresos Públicos, rechazó de plano las acusaciones de intencionalidad política y defendió la transparencia de la política fiscal. La funcionaria subrayó que el sistema se basa en la capacidad contributiva de los ciudadanos y lanzó una dura crítica al comportamiento del senador.
“Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto”, sentenció Capiello. La funcionaria destacó la paradoja de que los contribuyentes de menores recursos mantengan sus cuentas al día, mientras que personas con alto poder adquisitivo, como es el caso del legislador, incurren en la evasión de sus obligaciones básicas.
Impacto institucional
El embargo a una de las autoridades máximas del Senado de la Nación añade una nueva capa de tensión a la relación entre el Gobierno Nacional y las provincias. Mientras el bloque de La Libertad Avanza observa el desarrollo del caso, la justicia puntana avanza con la ejecución para recuperar los fondos destinados a las arcas públicas provinciales.
