La acción penal, impulsada por el gremio de Trabajadores Viales, no solo apunta contra el Ejecutivo Nacional, sino que hace extensiva la responsabilidad a los senadores y diputados misioneros que votaron la ley. Se les acusa de presunto incumplimiento de deberes y malversación de fondos previsionales.
Lo que comenzó como una ofensiva judicial contra la administración de Javier Milei, ha escalado hasta involucrar directamente a la representación parlamentaria de Misiones. Según confirmó Graciela Aleña, secretaria general de STVyARA, la denuncia penal presentada por el constitucionalista Eduardo Barcesat alcanza a los diez legisladores de la provincia que dieron luz verde a las modificaciones en la normativa laboral.
El eje del conflicto: ¿Apropiación de fondos jubilatorios?
El argumento central de la demanda radica en la supuesta inconstitucionalidad de los artículos que modifican el sistema de aportes y contribuciones. Para el sector gremial, la reforma esconde una maniobra de administración fraudulenta:
·Desvío de recursos: Denuncian que la ley permite utilizar fondos destinados originalmente a la seguridad social para financiar un sistema de indemnizaciones por despido.
·Perjuicio al jubilado: Aleña sostiene que esta transferencia de dinero debilita las arcas del sistema previsional en favor de los sectores empresariales concentrados.
·Responsabilidad legislativa: La denuncia sostiene que, al votar una norma que vulnera derechos sociales básicos, los legisladores habrían incurrido en abuso de autoridad.
Los nombres bajo la lupa
La presentación judicial alcanza a todo el arco político misionero que acompañó la iniciativa en el Congreso:
·Senadores: Martín Goerling (PRO), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Frente Renovador NEO).
·Diputados: Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz (Renovadores), Diego Hartfield, Maura Gruber (LLA) y Emmanuel Bianchetti (PRO).
El reclamo por el "Impuesto a los Combustibles"
Más allá de la reforma, la dirigente de Viales vinculó este escenario con un manejo irregular de la recaudación tributaria. Aleña denunció que la Nación ha retenido más de un billón de pesos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos desde 2023, fondos que por ley deberían destinarse al mantenimiento de la infraestructura vial y que hoy se encuentran paralizados.
