El juez federal Ariel Lijo reactivó la causa que investiga el direccionamiento de contratos en el programa Incluir Salud. El exdirector Diego Spagnuolo encabeza la lista de funcionarios y empresarios llamados a declarar por un esquema de simulación de competencia.
La investigación sobre las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha ingresado en una fase determinante. Tras el impulso de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juzgado federal ha detectado un "entramado adicional" de corrupción que operó bajo la fachada de contrataciones legales para la compra de insumos de alto costo. El monto del presunto desfalco asciende a la cifra récord de 75.000 millones de pesos.
El Sistema PACBI: ¿Una herramienta para el direccionamiento?
El foco de la justicia se centra en el Programa de Asistencia de Cobertura de Beneficiarios de Incluir Salud (PACBI). Según el expediente, este sistema —diseñado originalmente para garantizar medicamentos y prótesis a sectores vulnerables— fue utilizado para beneficiar a un "pool" reducido de empresas.
Los fiscales sostienen que no se trató de errores administrativos, sino de un esquema de simulación de competencia. Las pruebas incorporadas sugieren que:
·Las adjudicaciones estaban pactadas de antemano.
·Se utilizaban actuaciones internas y proveídos para dar apariencia de legalidad a procesos de compra donde el ganador ya estaba decidido.
·Operaban intermediarios externos que, sin cargo oficial, dictaban directrices sobre la ejecución de los pagos.
El calendario judicial y los protagonistas
El juez Lijo ha dispuesto una ronda de indagatorias que comenzará a finales de abril y se extenderá durante todo mayo. Entre los convocados se destaca Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, quien deberá explicar su rol en la aprobación de estos contratos millonarios.
La nómina de imputados incluye una combinación de tres sectores clave:
Funcionarios públicos: Responsables de la firma y validación de los expedientes.
Empresarios beneficiarios: Proveedores de insumos médicos señalados por el direccionamiento.
Presuntos "valijeros" o intermediarios: Actores externos que habrían coordinado la logística del retorno o el flujo de decisiones fuera de la estructura jerárquica formal.
Medidas cautelares y avance de la causa
En paralelo a las citaciones, la justicia ha dictado la inhibición general de bienes para los principales involucrados, buscando resguardar el patrimonio del Estado ante una eventual condena.
Mientras las defensas de los imputados intentan frenar el proceso mediante apelaciones a los procesamientos previos, el equipo de investigación continúa analizando documentación tecnológica y flujos bancarios. El objetivo final es determinar si el dinero desviado terminó financiando estructuras políticas o si fue parte de un enriquecimiento ilícito de los funcionarios involucrados.
El impacto en los beneficiarios
Más allá de las cifras astronómicas, la causa ANDIS tiene un trasfondo social crítico. Los fondos bajo investigación estaban destinados a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
El desvío de estos recursos no solo representa un daño al erario público, sino que pone en riesgo la continuidad de tratamientos médicos de alta complejidad para miles de beneficiarios de todo el país.
