La Justicia analiza pagos por más de $1,6 millones realizados por la productora de Marcelo Grandio entre 2022 y 2023. El fiscal Pollicita y el juez Lijo rastrean además gastos en dólares, viajes de lujo y la compra de un inmueble en Caballito para determinar si existe enriquecimiento ilícito.
La situación judicial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos capítulos de tensión tras el levantamiento del secreto bancario y fiscal ordenado por el juez federal Ariel Lijo. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito puso la lupa sobre las transferencias recibidas por el funcionario de parte de "Imhouse", la productora de Marcelo Grandio, firma que ha mantenido contratos con el Estado nacional.
Según consta en el expediente, Adorni recibió entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 la suma total de $1.670.900. Los pagos, realizados a una cuenta del Banco Galicia, fueron escalando mensualmente: desde montos de $110.000 en los inicios hasta un pago final de $605.000 en diciembre de 2023, coincidiendo con su asunción como secretario de Comunicación.
El vínculo con la productora y los viajes al exterior
La productora "Imhouse" no solo está bajo la mira por estas transferencias, sino también por haber financiado los vuelos en avión privado de Adorni y su familia a Punta del Este durante el feriado de Carnaval.
A esto se suma un viaje realizado a Aruba entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial. Según la fiscalía, el funcionario abonó un total de US$5.800 en pasajes de Latam, cifra que será contrastada con sus consumos de tarjeta de crédito para verificar si guardan relación con sus ingresos declarados, los cuales ascendían a unos $3 millones mensuales.
Propiedades y gastos en dólares bajo la lupa
La fiscalía de Gerardo Pollicita analiza tres ejes clave para determinar si hubo un incremento patrimonial injustificado:
Operación Inmobiliaria: Se investiga el pago de US$30.000 en efectivo realizado por Adorni al momento de adquirir un departamento en la calle Miró, en el barrio de
Caballito. La propiedad fue comprada por US$230.000 mediante una hipoteca directa con los vendedores.
Consumos Personales: La Justicia solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las facturas que respalden los movimientos de dinero y los gastos realizados en moneda extranjera.
Incompatibilidad: El foco principal reside en determinar si los pagos de la productora privada a un funcionario con poder de decisión sobre la pauta y la comunicación estatal constituyen un delito o una falta ética grave.
Por estas horas, Comodoro Py aguarda el detalle de los consumos con tarjetas de crédito del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, para avanzar en el peritaje contable que definirá el futuro de la causa.
