La Justicia Federal avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo han logrado certificar una serie de gastos en dólares realizados por el funcionario y su entorno familiar que, según los investigadores, presentan inconsistencias respecto a sus ingresos declarados durante su etapa como vocero presidencial.
El viaje a Aruba: El primer foco de sospecha
El expediente detalla un viaje familiar a la isla caribeña realizado entre finales de 2024 y principios de 2025. Los montos verificados por la Justicia incluyen:
·Alojamiento: U$S 8.874 por estadías en los hoteles Embassy Suites Hilton y Divi Dutch Village.
·Traslados: U$S 5.800 en pasajes aéreos de Latam, los cuales habrían sido cancelados en efectivo y en moneda extranjera.
·Contexto salarial: La Justicia destaca que, al momento del viaje, Adorni percibía un sueldo mensual aproximado de $3.000.000, lo que dificulta la justificación del gasto total de casi U$S 15.000 en una sola excursión.
Inmuebles y deudas bajo investigación
La causa no solo se limita a los consumos turísticos, sino que rastrea operaciones inmobiliarias de mayor envergadura:
1.Propiedad en Caballito: Se investiga la compra de un departamento por U$S 230.000. Aunque se utilizó una hipoteca, existe un pago inicial de U$S30.000 y una deuda adicional de ∗∗U$S 65.000 reclamada por un prestamista en concepto de remodelaciones.
2.Vivienda en Indio Cuá: Se analiza la adquisición de una propiedad en este club de campo por U$S 120.000, donde también se detectaron pagos recientes de U$S 30.000 para cancelar saldos hipotecarios.
Medidas procesales
Ante la sospecha de que el nivel de vida del funcionario no coincide con sus registros impositivos, el juez Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. Esta medida busca transparentar el origen de los fondos utilizados para estas operaciones y determinar si existieron beneficios indebidos en el ejercicio de la función pública.
