Lo que comenzó como una pesquisa económica por una presunta defraudación colosal contra la obra social de la tercera edad derivó en un escándalo de proporciones mayores. Un allanamiento en el sur de la provincia de Santa Fe sacó a la luz un arsenal de potentes fármacos controlados, lo que forzó la apertura de un segundo frente penal y dejó a dos profesionales sanitarios tras las rejas bajo un régimen de detención preventiva.
Medicamentos de máxima seguridad ocultos en una caja fuerte
El procedimiento judicial se ejecutó en un domicilio de la comuna de Wheelwright, compartido por un médico especialista en cardiología y un enfermero. Aunque los agentes de las fuerzas federales buscaban documentación contable y registros digitales, terminaron incautando un lote de sustancias de uso estrictamente intrahospitalario:
Los estupefacientes: Dentro de una caja fuerte de la vivienda se hallaron 50 viales intactos de morfina y un total de 243 ampollas utilizadas de fentanilo, uno de los analgésicos sintéticos más potentes y vigilados del mundo.
Insumos clínicos: En el mismo espacio se secuestró instrumental de cirugía, dosis de vacunas, fármacos inyectables de diversas categorías y material de curación descartable.
Ante la contundencia del hallazgo, los fiscales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi solicitaron medidas urgentes en los tribunales de Venado Tuerto. El juez Aurelio Cuello Murua convalidó el pedido y dictó 90 días de prisión preventiva para ambos ocupantes de la casa, imputados por el suministro ilegal de narcóticos con fines presuntamente espurios y la práctica irregular de la medicina.
El origen: Una fábrica de pacientes y estudios ficticios
El dueño de la propiedad, identificado como el cardiólogo Martín Andrada, ya estaba en la mira judicial por una gigantesca maniobra de facturación espuria que habría perjudicado al PAMI en una cifra cercana a los 700 millones de pesos.
La lupa de los fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa se posó sobre la inverosímil productividad del médico: entre 2023 y 2025, el profesional asentó de forma oficial haber atendido a más de 5.000 jubilados, cargando en el sistema informático un volumen superior a las 50.000 prácticas y estudios de alta complejidad.
La sospecha de fraude se convirtió en certeza cuando los cruzamientos de datos revelaron que una enorme porción de los supuestos pacientes residía en provincias muy distantes al consultorio del imputado y que se repetían decenas de estudios idénticos asignados a una misma persona en cuestión de días.
Denuncias de los propios jubilados
El entramado delictivo comenzó a desmoronarse gracias a las alertas de la UFI-PAMI (la unidad fiscal especializada en delitos dentro de la obra social). El disparador inicial fueron las declaraciones de numerosos beneficiarios del sistema de salud quienes, al revisar sus historiales médicos, descubrieron con sorpresa que figuraban consultas, tratamientos y recetas a sus nombres por patologías cardíacas que jamás habían padecido ni consultado.
Mientras la causa por el desvío de los fondos públicos avanza hacia una nueva ronda de audiencias clave, la Justicia Federal intenta determinar ahora el origen y el destino final de los opioides secuestrados en el búnker de Wheelwright, buscando establecer si formaban parte de un circuito de comercialización clandestina.
