El Tribunal Oral Federal intimó a la exmandataria tras el despliegue de una bandera gigante sujeta a su balcón. El juez Rodrigo Giménez Uriburu advirtió que nuevas conductas que alteren la convivencia del vecindario podrían derivar en su traslado a un establecimiento penitenciario.

La modalidad de detención de la expresidenta Cristina Kirchner sumó un foco de conflicto en los tribunales federales. El magistrado a cargo de controlar la ejecución de su condena a seis años de prisión dictó una resolución donde le advierte formalmente que vulneró las pautas del arresto domiciliario que cumple en el inmueble de la calle San José 1111. La intimación judicial surge a raíz de los episodios ocurridos el último fin de semana y fija el apercibimiento de trasladarla a una cárcel común ante eventuales reincidencias.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu fundamentó el llamado de atención basándose en el artículo 34 de la Ley de Ejecución de la Pena (N° 24.660). Dicho apartado legal faculta a las autoridades a dejar sin efecto el beneficio de la permanencia en la vivienda particular si la persona condenada incumple de manera injustificada sus obligaciones, si los informes de control lo sugieren o si se alteran las variables contextuales que justificaron la medida originaria.
El origen del conflicto: Una bandera cruzando la calle

Los hechos se desencadenaron en el marco de las actividades militantes organizadas al cumplirse el primer año de la detención de la exjefa de Estado. De forma periódica, jefes comunales del Gran Buenos Aires coordinan movilizaciones de apoyo debajo de su ventana. En esta oportunidad, la convocatoria estuvo liderada por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cuyos seguidores instalaron un estandarte de amplias dimensiones con la leyenda “De San José 1111 a la Rosada”.

La fisonomía de la protesta encendió las alarmas del juzgado. A diferencia de otras concentraciones donde el tribunal desestimó los planteos de la fiscalía conducida por Diego Luciani al entender que no violaban las reglas fijadas, esta vez se detectó una implicación material de la imputada. El lienzo fue amarrado mediante un sistema de tensores de cable de alta resistencia desde la ochava de enfrente hasta el balcón de la expresidenta, quien colaboró en la sujeción de los amarres y salió a saludar a la multitud.
Los tres argumentos del magistrado para el apercibimiento

En un escrito de cinco páginas, Giménez Uriburu detalló que el comportamiento de Kirchner resultó reprochable bajo tres ópticas distintas, ya que colisionó con la prohibición expresa de "adoptar comportamientos que pudiesen perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica":

Peligro en la vía pública: La instalación de cables y telas pesadas cruzando la calzada representó un riesgo ostensible para la seguridad física de los transeúntes, automovilistas y pasajeros de colectivos que circulaban por el sector.

Falta de autorización y potencial contravención: El montaje de estructuras aéreas permanentes en el espacio urbano requiere permisos municipales específicos. Al carecer de aval oficial, la maniobra se encuadró como una posible falta contravencional.

Afectación a los vecinos: El despliegue alteró de manera directa el entorno residencial, vulnerando las pautas de conducta impuestas originalmente por el tribunal para garantizar la pacificación del barrio.

Hacia el final del documento, el juez de ejecución concluyó que lo ocurrido el pasado domingo 14 de junio no se condice con los estándares exigidos para el mantenimiento del arresto domiciliario. Al comprometerse las bases que sustentan el beneficio de la pena ambulatoria, las autoridades ratificaron que cualquier próximo quebrantamiento derivará en la cancelación automática de la medida.