Una presentación ante los tribunales señala que la diputada oficialista omitió declarar deudas bancarias e inmuebles ante la Oficina Anticorrupción. Además, se la investiga por el presunto uso irregular de un contrato de la Cámara de Diputados.
La situación patrimonial y administrativa de la legisladora libertaria Lilia Lemoine quedó bajo severo cuestionamiento tras la radicación de dos denuncias penales en los tribunales. Las acusaciones apuntan a presuntas falsedades en sus declaraciones públicas de bienes y a la supuesta utilización de recursos del Poder Legislativo para costear servicios de defensa jurídica particular. En paralelo, trascendió un dato administrativo adverso: la dirigente aún adeuda la presentación de su declaración jurada correspondiente al período 2024.
Las acciones legales fueron promovidas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín. Los denunciantes centraron su análisis en la documentación que Lemoine entregó en octubre de 2024, vinculada al ejercicio previo. Según consta en el expediente, la diputada —quien juró en su banca el 10 de diciembre de 2023— omitió presentar la declaración jurada de inicio de gestión, un requisito obligatorio que debe cumplirse dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores a la asunción del cargo.
Deudas bancarias en el centro de la polémica
En la única presentación formal realizada por la legisladora, correspondiente al año 2023, Lemoine declaró bajo juramento que su patrimonio neto equivalía a cero pesos, manifestando no poseer bienes, acreencias ni obligaciones financieras personales.
No obstante, los informes de los organismos de control técnico exponen un escenario diferente. Los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejaron que, al 31 de diciembre de 2023, la diputada mantenía compromisos financieros impagos por una suma total de 502 mil pesos repartidos en cuatro entidades.
El reporte detallaba saldos adeudados con el Banco Ciudad, financiamientos vinculados a la plataforma Mercado Libre y un pasivo con la firma Tarjeta Cencosud catalogado en "situación 4", un indicador que califica a los deudores con atrasos de alta gravedad.
En declaraciones ofrecidas al diario Página 12, el abogado denunciante Facundo Pérez Ernst remarcó el eje del reproche legal:
“El problema no es que haya tenido deudas, sino que no las declaró”.
El letrado agregó que, si bien Lemoine procedió a cancelar dichos pasivos una vez que comenzó a percibir sus haberes como miembro del Congreso, la normativa vigente la obligaba a transparentar el estado real de sus finanzas al momento exacto de asumir la función pública.
El debate por los inmuebles y la casa heredada
El rastreo de su patrimonio también generó interrogantes respecto a los bienes raíces. La acusación sostiene que la legisladora debió incluir en su presentación la vivienda donde reside actualmente, la cual pertenecía a su madre fallecida.
Frente a los cuestionamientos públicos, Lemoine adujo que no incorporó el inmueble debido a que el trámite de la sucesión hereditaria no ha concluido. Sin embargo, desde la querella rebaten este argumento señalando que, al ser hija única, es titular directa de derechos sucesorios que revisten valor económico y deben ser informados. Asimismo, el juzgado incorporó el testimonio de un testigo de identidad reservada que aludió a la presunta existencia de otras propiedades ligadas a la diputada en las localidades de Belgrano e Ituzaingó, datos que están siendo evaluados por los investigadores.
Uso de contratos del Congreso y la postura de la defensa
La segunda línea de investigación penal se originó a partir de manifestaciones públicas de la propia Lemoine, quien admitió en una entrevista que los honorarios de su representante en el fuero penal eran solventados mediante una contratación de asesor de la Cámara de Diputados.
Esta causa recayó en el juzgado federal conducido por Ariel Lijo, quien ya ordenó las primeras medidas y citó a los denunciantes para ratificar los términos de la presentación. La instrucción penal busca determinar si se configuraron delitos asociados a la malversación de fondos públicos en beneficio de intereses particulares. Según el planteo de los denunciantes, a raíz del inicio de esta causa, el abogado penalista declinó continuar con el patrocinio de la diputada y formalizó su salida del Congreso, aunque dicha desvinculación no cuenta aún con ratificación oficial.
Por su parte, el abogado defensor de Lemoine, Hernán Seivane, restó trascendencia a las denuncias en diálogo con Página 12:
“Cuando la fiscalía diga que hay algo raro, contestaré. De momento no hay nada”.
Respecto a las anomalías detectadas en las declaraciones de bienes, el profesional relativizó el alcance de los hechos:
“No soy contador, oportunamente hablaré con un contador en caso de que haya algún error material en la misma”.
El escenario judicial posiciona al bloque oficialista ante una contradicción política compleja, obligando a una de sus principales espadas discursivas a brindar explicaciones formales sobre sus estándares de transparencia.
