En una jornada marcada por las fuertes disputas cruzadas y la presión sobre el Poder Ejecutivo, el oficialismo logró destrabar un punto neurálgico de su agenda legislativa. En la Cámara de Diputados, las comisiones de Presupuesto, Industria, y Ciencia y Tecnología emitieron dictamen de mayoría para el proyecto denominado "Súper RIGI", una iniciativa que extiende los incentivos del régimen original hacia sectores industriales que aún no se han consolidado en el entramado productivo local. Con este esquema, la administración central apunta a captar inversiones superiores a los USD 1.000 millones mediante un paquete de exenciones fiscales.
El despacho de mayoría se consolidó gracias al respaldo del PRO, la UCR, el MID y diversas bancadas provinciales, logrando reunir 61 firmas sobre un total de 106 legisladores presentes. Por el contrario, el proyecto cosechó el rechazo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el economista Martín Lousteau (Provincias Unidas).
La "cláusula de compre local": el límite fijado por los dialoguistas
A pesar de la obtención del dictamen, la fragilidad parlamentaria de La Libertad Avanza obligó al oficialismo a resignar posiciones y aceptar modificaciones clave exigidas por la oposición dialoguista. La enmienda de mayor peso establece la obligación de contratar proveedores locales por un piso mínimo del 20% del total de la inversión declarada.
Esta modificación busca blindar la cadena de valor interna y evitar polémicas recientes, como la ocurrida en el proyecto minero Vicuña en San Juan, donde las corporaciones Lundin Mining y BHP —amparadas por el RIGI— optaron por estructuras importadas desde China, desatando el rechazo de la Federación Argentina de Proveedores Mineros. No obstante, el Ejecutivo logró introducir una salvaguarda: el cumplimiento de este cupo quedará supeditado a que la oferta local esté efectivamente "disponible" y compita en "condiciones de mercado en términos de precio y calidad".
Cuestionamientos de los bloques opositores
El debate expuso las marcadas divergencias entre las distintas fuerzas del arco político:
El peronismo técnico y las provincias: La diputada cordobesa Alejandra Torres (alineada con el gobernador Martín Llaryora) justificó la abstención de su espacio argumentando la falta de políticas de fondo para los eslabones primarios y las pequeñas empresas. "No queremos convalidar otro régimen de excepción si antes no solucionamos la situación crítica de las pymes y microempresas", cuestionó.
El rechazo del kirchnerismo: El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, lideró las críticas al asegurar que el concepto del derrame económico "solo ha funcionado en el terreno de la teoría". Desde su bloque advirtieron, además, que la norma entrega un "cheque en blanco" al no fijar contraprestaciones ni compromisos claros para las firmas beneficiadas.
Cronograma en el recinto y tensión en los pasillos
La hoja de ruta que maneja el gobierno de Javier Milei contempla llevar el proyecto al recinto el próximo miércoles 24 de junio. La fecha es altamente sensible, ya que se ubicaría apenas 24 horas después de la sesión especial que impulsa la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en torno a su situación patrimonial.
El clima de ebullición política en el Palacio del Congreso también se tradujo en incidentes verbales fuera del debate principal. Durante el tratamiento del eje vinculado al pago de los denominados "fondos buitre", el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, y el referente de Patria Grande, Juan Grabois, protagonizaron un duro altercado luego de que se le denegara la palabra a este último. El cruce derivó en reproches personales y una invitación explícita a resolver las diferencias fuera del ámbito estrictamente institucional.
