El panorama judicial del exdiputado nacional José Luis Espert se complejizó tras un dictamen del Ministerio Público Fiscal. El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó de manera formal el llamado a declaración indagatoria del dirigente liberal en el marco de una investigación penal por presunto lavado de activos por un monto estimado en USD 200.000, causa que lo vincula directamente con el empresario Federico “Fred” Machado, quien purga una condena en los Estados Unidos por delitos de fraude y narcotráfico.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el exlegislador habría percibido en el año 2020 una transferencia bancaria por la citada suma en dólares desde una cuenta de titularidad de Machado. El expediente señala que dichos fondos habrían sido reintroducidos en el circuito legal mediante la adquisición de vehículos de alta gama —específicamente modelos de las marcas BMW y Lexus— y a través de desembolsos dirigidos al fideicomiso inmobiliario denominado “Dunas”.

El requerimiento del fiscal Domínguez no se limitó al plano personal: incluyó también el pedido de indagatoria para la firma comercial del dirigente, Varianza S.A., bajo la sospecha de haber confeccionado balances e informes contables apócrifos para simular el origen del capital. En la misma línea, se solicitó la comparecencia ante el juez del contador de la firma, Mariano Cosentino, imputado como presunto partícipe en la registración de las maniobras financieras investigadas.
Campaña electoral, minería y la hipótesis de un contrato simulado

El núcleo de la causa penal rastrea el financiamiento de la campaña presidencial que Espert encabezó en 2019. Los investigadores detectaron la existencia de un convenio escrito entre el político y Fred Machado que estipulaba un respaldo económico global de un millón de dólares.

En su descargo público, el exparlamentario argumentó que las transferencias objetadas constituían los honorarios legítimos por un servicio de consultoría profesional privada, orientado a asesorar a Machado en un proyecto de explotación minera en la República de Guatemala. Sin embargo, los peritajes de la fiscalía refutaron de plano esta versión oficial en base a tres inconsistencias clave:

Falta de registro migratorio: No constan viajes del dirigente hacia el país centroamericano en las fechas bajo análisis.

Inactividad técnica: Los yacimientos mineros mencionados en el presunto contrato no se encontraban operativos ni contaban con actividad comercial declarada.

Ausencia de contraprestación: La defensa no aportó evidencias materiales, informes ni documentos que certifiquen la realización efectiva de las tareas de asesoramiento técnico.

Restricciones financieras a la espera de una definición

A raíz del avance del expediente y el riesgo de dispersión de capitales, la Justicia Federal dictó una medida cautelar de inhibición general de bienes. A raíz de este bloqueo, Espert se encuentra imposibilitado de enajenar inmuebles, realizar transacciones de compraventa de activos o disponer con libertad de los fondos de sus cuentas bancarias, quedando exceptuado únicamente el dinero mínimo autorizado por el juzgado para cubrir sus gastos de subsistencia diaria.

La resolución definitiva del caso se encuentra ahora en los despachos del Juzgado Federal de San Isidro, donde el magistrado Lino Mirabelli deberá analizar el dictamen del fiscal Domínguez y decidir si da curso al pedido de indagatoria de los imputados.