El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta logró desactivar temporalmente la ofensiva de la oposición para tratar esta semana una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No obstante, la tregua acordada con las bancadas dialoguistas representa únicamente un aplazamiento de siete días. El consenso multipartidario estableció fijar una sesión clave para el próximo 25 de junio con el fin de votar la interpelación del funcionario, programando su comparecencia obligatoria para el 2 de julio, instancia en la que también podría definirse su destitución.

La estrategia de contención fue coordinada por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien encabezó un tenso encuentro en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a representantes del PRO y de partidos provinciales. Allí se consensuó rechazar la propuesta del interbloque de Unión por la Patria para sesionar de forma inmediata este jueves, otorgándole una semana de margen al Poder Ejecutivo para resolver la delicada situación política del ministro.

Durante el cónclave, diversos legisladores aliados manifestaron su preocupación por la parálisis legislativa que genera el conflicto. Martín Goerling, referente de la bancada del PRO, e integrantes del radicalismo coincidieron en que el escándalo en torno al jefe de Gabinete obstruye el tratamiento de reformas clave en el Congreso, rompiendo la reticencia histórica de los sectores moderados a coordinar acciones legislativas con el peronismo.
Las claves del pliego acusatorio y el mecanismo institucional

La convocatoria del 2 de julio obligará a Manuel Adorni a someterse a un cuestionario detallado por parte de los senadores antes de brindar su informe de gestión habitual. Las consultas se enfocarán en las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales, particularmente tras las explicaciones ofrecidas por el funcionario sobre la tenencia de u$s500.000 en activos criptográficos localizados en un dispositivo de almacenamiento portátil.

De prosperar el pedido de remoción el mismo día de la citación, se trataría de un hecho sin precedentes desde la incorporación de la figura de la Jefatura de Gabinete en la reforma constitucional de 1994. Para convalidar la destitución, el procedimiento parlamentario estipula los siguientes pasos:

Aprobación de la interpelación (Senado): Se requiere mayoría absoluta de los miembros de la Cámara (37 votos sobre un total de 72). Al no requerir dictamen de comisión por tratarse de una facultad operativa directa del cuerpo, se votará directamente en el recinto el 25 de junio.

Votación de la remoción (Senado): Requiere la misma mayoría de 37 voluntades.

Ratificación en la Cámara de Diputados: En caso de obtener luz verde en la Cámara Alta, el expediente se girará a la Cámara Baja, donde se necesita el voto afirmativo de una mayoría absoluta de 129 diputados para efectivizar el cese en las funciones.

El escenario del "poroteo" en la Cámara Alta

Las proyecciones realizadas en los pasillos del Palacio del Congreso señalan que la oposición cuenta con un piso de respaldo que supera el quórum estricto para avanzar con la sanción:

Núcleo opositor: El interbloque peronista que conducen José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana di Tullio agrupa un piso de 25 bancadas (incluyendo aliados de Santiago del Estero y Tucumán), a las que se añadirían 3 votos del bloque Convicción Federal, consolidando una base de 28 senadores.

Representaciones provinciales y gobernadores: Se prevé el acompañamiento de delegados de Santa Cruz y del peronismo cordobés alineado con la senadora Alejandra Vigo. Asimismo, gobernadores de signo federal —como Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén)— ya instruyeron a sus legisladores, entre ellos la neuquina Julieta Corroza, a respaldar la medida, totalizando un bloque de 38 votos.

Aliados en transición: La bancada de la UCR aportaría al menos 9 de sus 10 integrantes, mientras que el PRO anticipó que acompañará la censura si el Poder Ejecutivo no define el apartamiento previo del funcionario.

Postura oficial y señales de Casa Rosada

Frente al avance del cerco legislativo, los bloques dialoguistas pretenden que el presidente Javier Milei desplace a Adorni antes de la fecha límite para evitar el costo político de una destitución parlamentaria. Senadores como Flavia Royón condicionaron la continuidad del funcionario a las novedades del frente judicial, advirtiendo que una eventual imputación penal activará de forma irreversible la intervención del Congreso.

Por el momento, desde la Casa Rosada desestimaron los rumores de renuncia. En una señal de normalidad administrativa, Adorni encabezó la presentación de un nuevo sistema de unificación digital para trámites de matriculación y títulos de profesionales de la salud. En paralelo, fuentes del Ejecutivo ratificaron el respaldo presidencial al ministro, confirmando su inclusión en la comitiva oficial que viajará este sábado a la ciudad de Rosario para los actos conmemorativos del Día de la Bandera, donde compartirá escenario con las autoridades santafesinas.