En una determinación de fuerte impacto para el mercado de las telecomunicaciones, la administración de Javier Milei condicionó la aprobación de la fusión entre Telecom y Telefónica Argentina a una drástica reducción de su cartera de clientes. A través de un dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia —brazo resolutivo de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC)—, el Poder Ejecutivo dispuso que la firma de capitales nacionales deberá transferir 6 millones de usuarios de telefonía celular, junto con sus respectivas redes de soporte, a un nuevo actor que ingrese al sector.

El requerimiento oficial estipula que la sesión de activos e infraestructura asociada debe distribuirse estratégicamente entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Región Norte y la Región Sur del país. El argumento central de la Casa Rosada apunta a salvaguardar la libre competencia y neutralizar el riesgo de un esquema monopólico que afecte de manera directa a los consumidores de servicios de conectividad.
Tensión política y los detalles del pliego de desinversión

Al interior del holding de medios y telecomunicaciones evalúan la medida como una ofensiva de naturaleza política más que un dictamen estrictamente técnico. Desde la compañía remarcaron que el comunicado oficial del Gobierno omitió mencionar a los socios internacionales que componen el paquete accionario de Telecom (como el inversor David Martínez o los fondos que cotizan en Wall Street, además de la participación de la Anses), focalizando los cuestionamientos exclusivamente sobre el Grupo Clarín.

La resolución del organismo regulador rechaza de plano una propuesta intermedia formulada previamente por el grupo empresarial. Tras un dictamen desfavorable de Enacom en marzo, la empresa había ofrecido desinvertir una porción de 2,9 millones de abonados a través de dos firmas alternativas independientes —una de ellas liderada por un ex directivo del sector—. Sin embargo, el Gobierno mantuvo inflexible el cupo de los 6 millones, cifra que representa aproximadamente el 40% de la facturación global de la compañía por servicios móviles.

Para viabilizar el surgimiento de un nuevo competidor, el dictamen impone condiciones complementarias de asistencia técnica obligatoria:

Acceso regulado: Telecom estará obligada a facilitar al nuevo operador el uso compartido de su infraestructura de antenas y sistemas de interconexión.

Sesión de espectro: Deberá ceder parte del espectro radioeléctrico asignado para permitir el despliegue del servicio del entrante.

Plazo de transición: Las condiciones de soporte de red y conectividad deberán sostenerse por un lapso de 2 años, garantizando la estabilidad de las prestaciones mientras el adquirente desarrolla sus propios nodos de transmisión.

El dilema corporativo: la vía judicial o la búsqueda de un comprador

Desde la perspectiva corporativa, voceros de la empresa sostienen que el mercado argentino actual carece de escala para sostener de forma sustentable a una tercera operadora de red tradicional, motivo por el cual la anterior controlante de Telefónica optó por desinvertir en el país. Asimismo, argumentan que el escenario competitivo mutó hacia una escala global debido a la irrupción de servicios de internet satelital como Starlink, la compañía de Elon Musk que sumó un millón de cuentas activas en el mercado local durante los últimos 24 meses.

El equipo legal de la firma aguarda la notificación formal del texto resolutivo completo para trazar la estrategia a seguir. Se abren dos escenarios posibles: iniciar una batalla en el fuero de la Justicia Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de la medida, o aceptar el encuadre e iniciar un complejo proceso de venta de casi la mitad de sus usuarios. Esta última alternativa plantea interrogantes de difícil resolución en el corto plazo, asociados a los plazos perentorios que fije el Estado y a las consecuencias regulatorias en caso de que no aparezcan oferentes con la capacidad financiera requerida para concretar la adquisición.