El fin de la ultraactividad dispuesto por la reforma laboral obliga a renegociar los marcos legales de actividades estratégicas. Sectores clave de la economía advierten por el riesgo de una escalada en la conflictividad sindical.
Con el amparo de la nueva reforma laboral que elimina la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo —mecanismo por el cual las condiciones quedaban vigentes de forma automática si no se firmaba un acuerdo nuevo—, el Poder Ejecutivo nacional puso en marcha un proceso de revisión sobre 800 marcos regulatorios gremiales. La medida apunta de manera directa contra los principales sindicatos del país con el objetivo de forzar modificaciones estructurales o la flexibilización de sus condiciones vigentes.
A pesar de las dificultades operativas y la falta de personal técnico idóneo detectadas en la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, la administración nacional ratificó la meta de intervenir en estos 800 convenios. Si bien la cifra se ubica por debajo de las 1.500 normativas que el oficialismo estimaba alcanzadas originalmente por la reforma, supera de forma amplia las proyecciones iniciales del sector privado, que preveían una revisión acotada a no más de 500 marcos laborales.
Desde la cartera laboral justificaron la medida bajo el argumento de "adecuar los convenios al nuevo marco legal y promover una actualización de las relaciones laborales en distintas actividades económicas".
Los grandes sindicatos en la mira oficial
La primera tanda de revisión oficial abarca a los sectores más estratégicos de la economía, caracterizados por su peso institucional, capacidad de movilización y niveles de rispidez con la gestión de gobierno.
Dentro de este listado inicial se destacan organizaciones de fuerte peso como Camioneros, Bancarios, Empleados de Comercio, la Construcción (UOCRA), Petroleros, Aceiteros, Gastronómicos, Sanidad, Alimentación, Trabajadores del Neumático y el Transporte automotor de pasajeros. Asimismo, la medida alcanza a gremios del transporte y la logística como Ferroviarios, Aeronáuticos privados, Pilotos aéreos, Marina Mercante, Portuarios, Carga y Descarga, junto a actividades productivas como el personal de Prensa, Rurales, Estaciones de Servicio y Trabajadores de la Pesca.
La nómina de actividades bajo examen estatal se extiende hacia otros sectores industriales y de servicios, entre los que figuran:
Industria y Manufactura: Calzado, Carne roja, Ceramistas, Industria Lechera, Papeleros, Plásticos, Químicos, Textiles y Pintura.
Servicios y Comercio: Empleados de farmacia, Talleres Automotores, Concesionarios de autos y motos, Maestranza, Seguridad privada y Recibidores de granos.
Energía y Extractivas: Energía eléctrica y Mineros.
Entretenimiento y Medios: Cines multipantalla, Entidades deportivas y civiles, Futbolistas Agremiados, Parques de Diversiones, Pasteleros, Perfumistas, Propaganda médica y TV abierta y por cable.
Tensión gremial por los derechos adquiridos y el financiamiento
En el arco sindical la preocupación es generalizada. Las conducciones gremiales evalúan que esta convocatoria masiva a paritarias forzadas será utilizada como una herramienta para recortar conquistas históricas, afectando principalmente los regímenes de la jornada laboral, las categorías profesionales y las condiciones de seguridad interna.
Sin embargo, el punto de mayor fricción radica en los mecanismos de financiamiento institucional. La caída de los convenios obliga a debatir desde cero los aportes y contribuciones patronales y asistenciales acordados entre los sindicatos y las empresas, un ítem esencial para la estructura económica de las organizaciones. Ante este panorama, la CGT advirtió sobre un incremento inminente de la conflictividad y las principales entidades ya diseñan estrategias jurídicas para trasladar el reclamo a los Tribunales.
Las cámaras empresarias advierten sobre la fragmentación
La inquietud por la estrategia gubernamental no se limita a las cúpulas sindicales; el sector empresarial también manifestó reparos frente al escenario de desregulación. Desde las cámaras patronales advierten que la caída de los convenios por actividad y la consecuente obligación de negociar por empresa puede atomizar las discusiones y paralizar la productividad.
El principal temor de los ejecutivos radica en que la pérdida de representatividad de las estructuras sindicales tradicionales termine fortaleciendo a las comisiones internas y delegados de planta de perfil más radicalizado —como ocurre habitualmente en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación (STIA)—. De consolidarse esta tendencia, las grandes firmas perderían la posibilidad de acordar pautas generales con conducciones dialoguistas a través de sus cámaras y quedarían expuestas a conflictos directos en cada establecimiento fabril.
