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Una nueva presentación judicial complica la situación del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La diputada nacional Marcela Pagano radicó una denuncia penal en la que acusa al ex vocero presidencial de continuar utilizando de manera irregular recursos públicos de seguridad y movilidad, a pesar de haber abandonado formalmente su cargo en la función pública.

La causa, que quedó radicada en el juzgado federal liderado por Julián Ercolini, no solo apunta contra Adorni, sino que también busca determinar las responsabilidades de aquellos funcionarios de la Policía Federal, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad que habrían avalado o permitido la extensión de estos beneficios.

Los ejes centrales de la acusación:

Falta de sustento legal: La presentación judicial argumenta que, tras la dimisión de Adorni, caducó de inmediato cualquier marco normativo o derecho jurídico que le permitiera disponer de personal policial para su protección y de rodados pertenecientes al Estado Nacional.

Justificación informal: De acuerdo con el texto de la denuncia, la permanencia de estos privilegios se intentaría respaldar en supuestas amenazas recibidas por el exfuncionario. No obstante, Pagano advierte que dichos amedrentamientos nunca fueron denunciados en la Justicia ni se tramitaron formalmente, sumado a que la prórroga de la cobertura de seguridad carece de una resolución o de un acto administrativo oficial en la cartera de Seguridad.

Uso arbitrario de recursos: La legisladora denunciante enfatiza que el despliegue de agentes y vehículos estatales en favor de un ciudadano particular se está ejecutando de forma indefinida, sin que medie una evaluación técnica de riesgo que lo justifique de manera legítima.

Este nuevo frente judicial se suma a controversias previas que salpicaron la gestión de Adorni, donde ya existían señalamientos públicos por el presunto desvío de automóviles oficiales para fines domésticos y familiares de su entorno cercano. Con este escenario, la diputada Pagano —quien también impulsa la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el exvocero— solicitó que la Justicia investigue a Adorni bajo las figuras penales de peculado, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y violación de los deberes de funcionario público.