El futuro de la causa Libra se encuentra bajo análisis en la Cámara Federal porteña, en medio de intensas negociaciones que involucran los pliegos de designación de magistrados clave y un eventual rediseño de mayorías en los tribunales de Retiro. La Casa Rosada busca asegurar una resolución favorable que ratifique el apartamiento de las querellas dispuesto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, una medida que mantiene congelada la investigación que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano.
El escenario procesal ubica al camarista Pablo Bertuzzi en el centro de las especulaciones. Tras el fallo de la Corte Suprema de 2020 que objetó los traslados dispuestos por decreto durante la gestión de Mauricio Macri, Bertuzzi debió someterse a concurso ante el Consejo de la Magistratura para retener su asiento en la Sala I. Aunque escaló hasta la sexta posición de la terna tras las entrevistas personales, su postulación permanece relegada por debajo de la fiscal Cecilia Incardona, quien cuenta con un sólido respaldo del peronismo.
En los pasillos de Comodoro Py se afirma que el Poder Ejecutivo capitaliza la competencia entre Bertuzzi e Incardona para forzarlo a emitir un voto en tándem con Mariano Llorens antes del inicio de la feria judicial. Esta mayoría convalidaría el cierre definitivo del caso en beneficio de los hermanos Milei. No obstante, fuentes judiciales advierten que, a pesar del eventual guiño al oficialismo, el pliego de Bertuzzi sería descartado una vez emitido el fallo, permitiendo al Gobierno saldar acuerdos con el Partido Justicialista mediante la aprobación de Incardona.
El rearmado de la Sala I contempla además la salida definitiva de Leopoldo Bruglia —quien mantiene un reclamo ante la CIDH por presunta discriminación institucional en los concursos— y su reemplazo por el magistrado Pablo Yadarola, cuyo pliego sería remitido próximamente por el Poder Ejecutivo gracias a las gestiones de Juan Bautista Mahiques ante la Secretaría General de la Presidencia.
Sospechas de un pacto político extendido
La reciente aprobación en el Senado del pliego de Ana Juan —pareja del juez Martínez de Giorgi— para comandar el Juzgado Federal de Hurlingham alimentó hipótesis sobre un entendimiento subterráneo más amplio entre el oficialismo y el interbloque justicialista comandado por José Mayans. Las versiones de los tribunales sugieren un canje de gobernabilidad: el congelamiento de la causa Libra a cambio de que los libertarios resignen la disputa por la provincia de Buenos Aires en los comicios de 2027.
Desde el kirchnerismo refutan tajantemente esta lectura. Senadores de ese espacio aclararon que la postulación de la jueza Juan correspondía originalmente a la gestión de Alberto Fernández y que, tras ser retirada en diciembre de 2023, fue devuelta al Senado por el Ministerio de Justicia. En paralelo, diputados de la oposición como Sabrina Selva, Juan Marino y Juan Grabois continúan traccionando el avance de la causa, mientras que los equipos legales de Patria Grande ya activaron los recursos de apelación contra el fallo de Martínez de Giorgi.
El factor Irurzun y el reordenamiento de la Sala II
El impacto de las designaciones en la Sala I promete alterar también el equilibrio de la Sala II. El histórico camarista Martín Irurzun alcanzará la edad límite de 75 años el próximo 18 de julio sin que el Poder Ejecutivo ni la cartera de Justicia hayan tramitado una prórroga de su mandato ante el Congreso, lo que habilitará subrogancias por sorteo entre los integrantes de la sala vecina.
El desplazamiento del eje de poder en la Cámara Federal ya exhibe sintonía con las urgencias de la Casa Rosada. En el plano judicial se destaca como antecedente la reciente resolución del camarista Eduardo Farah en la disputa de competencia entre Ariel Lijo y María Eugenia Capuchetti por la causa que investiga los créditos otorgados a funcionarios del Gobierno en el Banco Nación. Farah falló en favor de Capuchetti, bloqueando la intervención de Lijo y garantizando un desenlace que fue celebrado en los despachos oficiales.
