A través de una resolución oficializada este jueves en el Boletín Oficial, la Oficina Anticorrupción (OA) dispuso una nueva prórroga para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al período fiscal 2025. Con esta medida, los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional contarán con tiempo hasta el 31 de agosto de 2026 para cumplir con la obligación de transparentar sus patrimonios, lo que representa una extensión de un mes respecto al cronograma que regía hasta el momento.
Los motivos detrás de la prórroga
La decisión del organismo de control modifica de forma directa la Resolución 3/2026, la cual ya había trasladado previamente la fecha límite original al 31 de julio. Desde la OA explicaron que este nuevo corrimiento es una consecuencia directa de las medidas adoptadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Dado que el fisco postergó hasta el 27 de julio los vencimientos para las presentaciones de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales —documentos que actúan como sustento y base técnica para la declaración ante la OA—, el margen de tiempo restante para los funcionarios era de apenas cuatro días.
Las autoridades argumentaron que ese lapso resultaba insuficiente para procesar, revisar y validar de manera correcta la información exigida por la normativa de Ética Pública, considerando que el trámite también requiere la carga manual de datos complementarios no contemplados en los formularios impositivos.
Una herramienta clave para el control público
La Declaración Jurada Patrimonial Integral es uno de los pilares del esquema de transparencia gubernamental contemplado en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Bajo este marco legal, quienes asumen, ejercen o dejan puestos de relevancia en el Estado nacional deben detallar exhaustivamente:
·Activos y pasivos: Bienes registrados, tenencias de dinero y deudas vigentes.
·Ingresos y participación: Ganancias periódicas y acciones o cuotas partes en sociedades comerciales.
·Acceso general: El régimen garantiza que una fracción de estos informes mantenga carácter público para la consulta de la ciudadanía.
La flamante disposición ordena además a las direcciones de recursos humanos de todas las dependencias estatales notificar formalmente el nuevo esquema de plazos a todo el personal alcanzado, con el propósito de asegurar que las cargas de datos se realicen sin fallos ni omisiones que comprometan la consistencia del registro patrimonial.
