Un informe elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) expuso el alcance del plan oficial para privatizar la administración de las arterias viales más importantes del país. La investigación sindical señala que el cambio de paradigma ocurre en paralelo a la parálisis de la obra pública y al recorte presupuestario sobre el organismo encargado del mantenimiento caminero.
Un esquema con respaldo y financiamiento financiero estatal
Uno de los puntos centrales que resalta el documento surge de los propios pliegos de licitación: a pesar del discurso de austeridad pública, el modelo diseñado para los futuros operadores incluye facilidades crediticias garantizadas por el Estado nacional.
Las firmas que resulten adjudicatarias podrán acceder a préstamos a tasa preferencial (del 2%) impulsados por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), acompañados por un período de gracia de 24 meses antes de comenzar a amortizar el capital. Durante ese bienio inicial de exención de pagos, las concesionarias ya estarán facultadas para instalar cabinas y recaudar mediante el cobro de peajes.
A este beneficio se le suma la cobertura del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), una herramienta pública estructurada para mitigar el riesgo crediticio de los privados. Según advierte el relevamiento, esta dinámica implica un traspaso implícito de recursos fiscales hacia el sector privado mientras la red vial existente padece la postergación de obras básicas de conservación.
Un despliegue por etapas sobre corredores estratégicos
El plan de concesiones contempla la transferencia de más de 9.000 kilómetros de la red nacional, distribuidos en varias tandas licitatorias:
·Primera fase: Involucró 741 kilómetros (Autovía del Mercosur y la traza Rosario-Victoria).
·Segunda fase: Sumó 1.871 kilómetros adicionales.
·Tercera fase: Proyecta la licitación de más de 3.200 kilómetros de carreteras.
El trazado comprometido abarca vías de alto tránsito y valor logístico para las economías regionales y el comercio exterior, entre las que se encuentran las Rutas Nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 33, 34 y 35, además de los accesos principales al Área Metropolitana de Buenos Aires.
Alerta por la desarticulación de Vialidad Nacional
Desde FEPEVINA remarcan que esta ampliación de la participación privada coincide con un vaciamiento sistemático de la Dirección Nacional de Vialidad. La pérdida de profesionales y técnicos calificados, sumada a la suspensión de proyectos de conservación preventivos y de seguridad en calzada, condiciona la capacidad del organismo estatal para fiscalizar y garantizar el estado de los caminos.
Para la entidad gremial, encomendar el futuro de las rutas a la lógica de la concesión privada no revertirá el desgaste de la infraestructura ni garantizará el desarrollo territorial, consolidando la salida del Estado de una función clave para la integración física del país.
