El gastroenterólogo Carlos Mariño Camacho asegura haber detectado la emisión de órdenes para estudios sin el equipamiento necesario en la provincia y prácticas médicamente inviables. El perjuicio estimado superaría los 1.000 millones de pesos.
El médico gastroenterólogo y prestador del PAMI, Carlos Mariño Camacho, denunció públicamente en FM Stylo, una serie de presuntas irregularidades en la gestión y cobro de prestaciones médicas del organismo nacional en Tierra del Fuego. Según afirmó el profesional, la documentación recopilada daría cuenta de la emisión y facturación de prácticas médicas que nunca se realizaron en la provincia por falta de insumos, profesionales e infraestructura técnica.
Las sospechas se iniciaron en febrero de 2025, tras una advertencia de la auditoría local respecto a la cantidad de estudios de biofeedback anal tramitados. Mariño Camacho señaló que dicha práctica requiere equipamiento especializado inexistente en la isla, circunstancia que posteriormente fue confirmada mediante una inspección de Fiscalización Sanitaria. Pese a los informes oficiales que ratificaban la ausencia de la tecnología necesaria, el profesional sostuvo que la emisión de órdenes para estos procedimientos continuó durante los meses siguientes.
Irregularidades en distintas especialidades
Con el avance de su investigación personal, el médico detectó inconsistencias en otras áreas asistenciales, destacando solicitudes de tratamientos de fertilidad para pacientes de más de 70 años con diagnósticos oncológicos complejos, así como la prescripción simultánea de métodos anticonceptivos e intervenciones de reproductividad en mujeres de edad avanzada.
A lo largo del último año, Mariño Camacho presentó escritos formales ante las autoridades provinciales del PAMI, la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) y la Auditoría General de la Nación. Ante la falta de resoluciones administrativas internas, el gastroenterólogo confirmó que culminó el ordenamiento del material probatorio para radicar formalmente la denuncia ante la Justicia Federal, al tiempo que calculó que el impacto económico de las maniobras podría superar los 1.000 millones de pesos.
