Los fondos con asignación específica para infraestructura no fueron ejecutados y desde el sector advierten que la falta de mantenimiento aumentará diez veces los costos de reparación.
Un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), sobre la base de registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reveló que el Ministerio de Economía de la Nación acumula $1,35 billones en concepto del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) sin ejecutar en el mantenimiento de la red vial. Pese a que la normativa vigente establece que dicho tributo debe canalizarse a través de Vialidad Nacional para la conservación de rutas, los recursos no han sido derivados al sector.
Según los datos relevados por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), el 70% de los caminos nacionales se encuentra actualmente en estado regular o malo. Desde la entidad gremial denunciaron que la falta de partidas presupuestarias agrava las condiciones de transitabilidad e incrementa los índices de siniestralidad vial en distintos corredores estratégicos del país.
El impacto de este deterioro afecta directamente a la logística del transporte de carga, con foco en arterias clave para el abastecimiento y la actividad hidrocarburífera regional, como la Ruta Nacional 151. Representantes del sector productivo y de administraciones provinciales remarcaron que el paso de camiones de gran porte en calzadas deformadas genera severos riesgos de seguridad y demoras operativas.
En términos económicos, las proyecciones del IAG sostienen que la falta de conservación preventiva encarecerá drásticamente las intervenciones futuras. Mientras que el mantenimiento regular del sistema vial requeriría una inversión estimada en USD 4.213 millones, concretar la reconstrucción de la infraestructura dañada demandará erogaciones por USD 40.773 millones, de los cuales USD 23.240 millones corresponden exclusivamente a la jurisdicción nacional.
Frente a este escenario, el Ejecutivo nacional promueve un esquema de concesiones privadas a 20 años para la administración de las trazas. No obstante, la iniciativa cosecha reparos desde los gremios viales y diversos municipios, dado que los pliegos contemplan el cobro inmediato de peajes mientras que las obras principales de puesta en valor recién se concretarían a partir del octavo año de contrato.
