La iniciativa establece que los predios estatales solo podrán adjudicarse a personas físicas o jurídicas argentinas y fija el desarrollo productivo y el arraigo como prioridades.
El gobernador Rolando Figueroa remitió a la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley para reformar la Ley 263 de Tierras Fiscales. La propuesta establece una restricción central al disponer que los predios de dominio provincial únicamente podrán ser adjudicados, ya sea en venta o bajo la modalidad de arrendamiento, a personas humanas o jurídicas de nacionalidad argentina.
La norma modifica el artículo 1° de la legislación vigente para adecuar la administración del suelo estatal a criterios de función social y desarrollo económico regional. El texto plantea que la tierra debe ser considerada primordialmente como un instrumento de trabajo y producción antes que como un activo de renta, promoviendo su enajenación y arrendamiento de manera progresiva en favor de productores y trabajadores del sector rural.
Entre los ejes de la iniciativa se contempla el fomento de proyectos vinculados a la ganadería, agricultura, silvicultura, turismo, industria y agregado de valor en origen. Asimismo, fija como objetivos prioritarios la protección del campesinado local, el arraigo poblacional, la generación de empleo sustentable y la preservación de los recursos naturales pertenecientes a la provincia.
El envío del proyecto se produce en forma paralela al debate que llevará adelante el Senado de la Nación el próximo 6 de agosto sobre el régimen nacional de tierras. En ese marco, la administración provincial busca reafirmar la potestad constitucional sobre el territorio neuquino, complementando la postura transmitida por los representantes legislativos en el Congreso Nacional respecto a limitar la venta de inmuebles a capitales extranjeros.
Las modificaciones impulsadas consisten en la fijación de condiciones para la adjudicación y el arrendamiento de tierras fiscales en todo el territorio provincial, con el objetivo de proteger el interés público provincial, fortalecer el uso productivo y estratégico de las tierras, garantizar la planificación territorial y resguardar la soberanía territorial efectiva.
“Las tierras fiscales, por su destino y relevancia social y económica, constituyen un activo del patrimonio provincial destinado a políticas de desarrollo productivo de la agricultura, ganadería, forestación, energías renovables, turismo, industria, ordenamiento territorial y ambiental, generación de empleo y prevención de la concentración indebida”, sostiene el gobernador en los fundamentos.
Más adelante agrega que la modificación que tiene por fin preservar el interés provincial respecto de un recurso estratégico, a través del ejercicio por parte de la provincia de la jurisdicción plena sobre su territorio, sus competencias no delegadas de conformidad con el Artículo 121 de la Constitución Nacional y el dominio originario de sus recursos naturales existentes en su territorio en virtud de lo dispuesto por el Artículo 124 de la Carta Magna.
