Un fallo del Juzgado Federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y dispuso la reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que cruzan el departamento General López, al sur de la provincia de Santa Fe. La medida exige a la Dirección Nacional de Vialidad garantizar la plena transitabilidad de los corredores ante el severo deterioro del asfalto.

Deterioro de calzadas e incumplimientos contractuales

La resolución judicial firmada por el juez Aurelio Antonio Cuello Murúa detalló la situación crítica de cada uno de los trazados viales:

·Ruta Nacional 33: el magistrado constató la presencia de grietas, baches, hundimientos y ahuellamientos que generan un riesgo para la seguridad vial. El fallo señala que el propio Distrito Santa Fe de Vialidad reconoció la urgencia de los trabajos, pero las obras licitadas quedaron paralizadas por falta de partidas presupuestarias.

·Ruta Nacional 7: la Justicia determinó que las tareas de bacheo ejecutadas resultaron insuficientes y no se acreditó un mantenimiento sostenido a lo largo del tramo.

·Ruta Nacional 8: el expediente registró 55 actas labradas por Vialidad Nacional a la concesionaria Corredores Viales S.A. debido a incumplimientos en las tareas de mejora y reparación.

Responsabilidad estatal y protección de derechos

En los fundamentos de la sentencia, el juez rechazó que la reorganización o el cambio de concesionarias exima al Estado de sus obligaciones básicas. El fallo remarca que la distribución interna de competencias no puede menoscabar la protección de derechos fundamentales como la vida, la salud y la libre circulación de los usuarios.

Por este motivo, la orden judicial establece que la ejecución de las obras recae sobre el Gobierno nacional —a través de Vialidad Nacional o de las firmas correspondientes—, manteniendo la responsabilidad final del cumplimiento bajo la órbita estatal.