Tras la viralización de las imágenes de un agente sin uniforme disparando en el marco de una protesta contra la ley de tierras, cayeron en Comodoro Py dos denuncias penales contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Argentina (PFA), Gustavo Antonio Gauna. Las presentaciones fueron radicadas por la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado penalista Gregorio Dalbón, quedando ambos expedientes bajo la órbita de la jueza federal María Servini.

Los delitos imputados y los fundamentos de las presentaciones

Las denuncias apuntan tanto a la actuación del efectivo en el territorio como a la responsabilidad política y de conducción del operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso.

·Denuncia de Marcela Pagano: solicitó investigar a los implicados por los delitos de abuso de armas, lesiones, severidades, vejaciones cometidas por funcionario público, coacciones agravadas por el uso de armas, turbación de una reunión lícita, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

·Denuncia de Gregorio Dalbón: enfocó la presentación en determinar posibles actos de abuso de autoridad, vejaciones y apremios ilegales, haciendo foco en los mandos que autorizaron la intervención de personal armado de civil. El escrito remarca que la participación de un agente sin identificación visible ni uniforme, integrado al avance de las fuerzas de seguridad, exige determinar si la maniobra fue planificada por las autoridades superiores o si constituyó un exceso individual.

La Justicia deberá establecer las circunstancias en las que se efectuaron las detonaciones y si la presencia del comisario inspector armado dentro del dispositivo obedeció a una directiva oficial emitida por la conducción de la fuerza o el ministerio.