Presentaciones en el Congreso y demandas en la Justicia exponen un escenario crítico marcado por demoras en tratamientos, recortes presupuestarios y desfasajes en los valores que se abonan a los prestadores.
La situación prestacional de la obra social de los jubilados quedó en el centro del debate institucional tras una serie de exposiciones en la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la jornada, referentes sociales, defensores del pueblo y prestadores médicos denunciaron graves fallas en la entrega de remedios y el progresivo deterioro de la atención en distintos puntos del país.
Uno de los ejes centrales del reclamo gira alrededor del incumplimiento de los fallos judiciales que ordenaron restablecer la cobertura total (100%) de medicamentos esenciales a través del programa Vivir Mejor. Pese a que la medida fue ratificada con alcance nacional por la Justicia, las organizaciones denunciantes remarcan que la restitución no se hizo efectiva, lo que derivó en acciones penales contra las autoridades del organismo por presunta desobediencia y omisión de deberes.
En términos financieros, los datos del presupuesto del PAMI muestran una partida para prestaciones farmacéuticas de $ 2,2 billones, lo que implica una reducción nominal de $ 318 mil millones en comparación con los $ 2,5 billones asignados en el período anterior. Según reconocieron desde el propio Poder Ejecutivo en informes parlamentarios, alrededor de 2,2 millones de afiliados perdieron el beneficio de la gratuidad total en determinados fármacos.
Alerta en el sistema médico del interior
La problemática excede el suministro farmacéutico e impacta de lleno en la infraestructura asistencial. Representantes de clínicas y sanatorios que operan en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa advirtieron que el atraso en los aranceles que paga la entidad pone en riesgo la cobertura de más de 300 mil usuarios en la región patagónica.
El desfasaje entre el costo operativo y los valores liquidados por la obra social provocó la suspensión de cirugías e internaciones. Como consecuencia, una masa sustancial de la demanda se traslada a los hospitales públicos, los cuales operan al límite de su capacidad y con menor nivel de complejidad.
Incrementos de costos y pérdida de poder adquisitivo
A este cuadro se le suma el marcado incremento en el valor de los remedios de consumo masivo entre los adultos mayores, como los destinados a patologías vasculares y los antibióticos, los cuales registraron subas acumuladas que superan ampliamente los índices generales.
De acuerdo con estimaciones de entidades especializadas en la tercera edad, el gasto mensual en medicamentos para una persona mayor puede llegar a absorber por completo los ingresos de un haber mínimo, obligando a muchos afiliados a recurrir a amparos judiciales o a la solidaridad comunitaria para sostener sus tratamientos médicos.
