Una falla operativa imperceptible y la posterior omisión de los protocolos sanitarios básicos constituyen el eje central del expediente judicial que busca determinar responsabilidades en la masiva contaminación de medicamentos inyectables que cobró la vida de 90 pacientes y dejó secuelas en decenas de personas a nivel nacional.
De acuerdo a las pericias recabadas por el juzgado de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, la pérdida de esterilidad se habría originado en las instalaciones de la firma Ramallo. Durante la etapa final de preparación —donde el principio activo se combina con solución estéril—, un conducto metálico de tres milímetros se habría soltado por un lapso inferior a los cinco segundos, exponiendo el flujo de llenado al ambiente circundante e introduciendo una bacteria letal en la cadena de envasado.
Ocultamiento y falsificación de controles
Las normativas farmacológicas internacionales estipulan la interrupción inmediata de la producción y el descarte del material ante cualquier ruptura del aislamiento de seguridad. Sin embargo, la línea de montaje no solo continuó operando tras reenganchar la pieza, sino que derivó en el fraccionamiento de tres partidas completas dirigidas al mercado hospitalario.
La instrucción fiscal, conducida por Laura Rotela, incorporó como prueba clave el contenido de teléfonos celulares pertenecientes al personal del área de calidad. Las conversaciones revelan la plena conciencia del personal sobre la falla cometida, el nivel de contaminación del producto y las maniobras posteriores para solicitar muestras sustitutivas cuando las ampollas ya habían sido comercializadas.
Alteración del producto y maniobras posteriores
La investigación sacó a la luz que, tras los primeros reportes de fallecimientos en territorio bonaerense, se intentó neutralizar la carga bacteriana sometiendo el lote a temperaturas extremas de 107 grados. Especialistas del sector remarcan que dicha acción habría inactivado las propiedades analgésicas del fármaco, convirtiéndolo en una sustancia inocua e ineficaz para la atención médica de urgencia.
El caso mantiene en prisión preventiva a directivos del laboratorio e involucra a exintegrantes de los organismos estatales de fiscalización (Anmat e Iname). Paralelamente, el fuero federal indaga presuntos actos de destrucción de evidencias documentales e informáticas orientados a entorpecer el accionar de la justicia, cuya resolución sobre los procesamientos pendientes se conocerá en el transcurso de los próximos días.
