El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado conducido por Federico Sturzenegger, trabaja en una reforma integral del régimen de trabajo en la Administración Pública Nacional. El plan contempla modificaciones en la escala salarial ligadas al desempeño individual, nuevos criterios de evaluación e ingreso, y facilidades para la movilidad interna de personal entre reparticiones estatales.
Las vías de implementación de las medidas dependerán del alcance normativo: mientras que ciertos aspectos podrían aplicarse mediante resoluciones administrativas, las alteraciones al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 214/06) o a la Ley Marco de Empleo Público requerirán acuerdo paritario o debate en el Congreso, respectivamente.
La postura sindical y los reclamos de estabilidad
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresaron un firme rechazo a cualquier iniciativa que reduzca conquistas laborales. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el sindicato se mantendrá vigilante ante los anuncios oficiales y remarcó: «Debemos ponernos en máxima alerta porque teniendo en cuenta la reforma laboral, el objetivo de la negociación no puede ser otro que perjudicar a los trabajadores estatales. No vamos a aceptar ninguna discusión que esté orientada a quitarle derechos a los trabajadores del sector público».
Pese al escenario de confrontación, el dirigente sindical aclaró que la entidad estaría dispuesta a sentarse a negociar si los ejes de discusión abordan la regularización del personal precarizado y la recomposición de los ingresos: «Por ejemplo, no podemos seguir teniendo en el Estado trabajadores contratados o que los salarios sean de hambre. Si se plantea una renegociación del convenio colectivo para regularizar a los trabajadores precarizados y para proponer salarios dignos, nos sentamos ya». Asimismo, planteó la posibilidad de acordar «para bajar el periodo de prueba a tres meses y para generar un mayor dinamismo en las promociones».
Cuestionamientos a las evaluaciones de idoneidad
Respecto a las intenciones del Ejecutivo de reincorporar exámenes de ingreso y evaluación de competencias, desde la conducción gremial recordaron los antecedentes recientes en la materia. Al evaluar este punto, Aguiar señaló: «Hace dos años instrumentaron un examen que ya aprobó el 98%. ¿En serio siguen insistiendo con ese tema?».
En ese sentido, desde ATE argumentaron que el marco legal vigente (Ley 25.164) ya prevé el concurso de méritos, la capacitación contínua y el rendimiento para la carrera administrativa. Según la visión del gremio, la falla radica en la falta de aplicación de los instrumentos existentes antes que en la necesidad de crear nuevos marcos normativos: «La estabilidad, el derecho al ingreso, las evaluaciones y los concursos ya existen. Lo que ocurre es que el Estado no cumple con nada de eso», remarcó el dirigente, concluyendo que «acá el problema que enfrentamos en la administración pública no es el convenio colectivo, es la industria del incumplimiento por parte del Gobierno».
