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El Poder Ejecutivo Nacional elevó la presión institucional contra la exploración y explotación hidrocarburífera no autorizada en las Islas Malvinas al disponer el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 personas físicas y jurídicas adicionales vinculadas al proyecto Sea Lion. La medida, difundida de forma oficial a través de la Oficina del Presidente, amplía los sumarios administrativos iniciados previamente contra otros 45 actores corporativos por presuntas violaciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659, la normativa federal que prohíbe taxativamente la ejecución de actividades petroleras dentro de la plataforma continental argentina sin la correspondiente venia del Estado nacional.

Entre las firmas de alcance internacional alcanzadas por esta nueva nómina de sanciones figuran conglomerados financieros y de inversión como Shlomo Eliahu Holdings Ltda, accionista de la israelí Navitas Petroleum LP; y tenedores accionarios de la británica Rockhopper Exploration PLC, entre los que se destacan Aberdeen Group PLC, HBOS Investment Fund Managers Ltd, SMR Advisors (Monaco) SAM y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. La medida administrativa incluye además a directivos de la firma Eco —como su CEO Gil Holzman y los directores Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman y Gadi Levin— y a David Williamson Dobson, titular no ejecutivo de Borders & Southern. Asimismo, la decisión involucró a proveedores estratégicos de infraestructura logística como Noble Corporation UK Ltd. y las neerlandesas Bluewater Energy Services BV y Bluewater Sea Lion Production Company Limited, dueñas de la plataforma flotante Aoka Mizu.

Presentación en la Justicia Federal, defensa de la soberanía e implicancias operativas

Las acciones coordinadas por la Casa Rosada y la Cancillería combinan la vía administrativa con demandas en los tribunales ordinarios:

Denuncia penal en Comodoro Py: En paralelo a la vía administrativa, la Cancillería y la Procuración del Tesoro de la Nación formularán una denuncia penal ante la Cámara Federal porteña contra las firmas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., alcanzando el requerimiento judicial a sus representantes y miembros directivos.

Posición oficial de la Casa Rosada: A través del comunicado institucional, el Gobierno remarcó de forma enfática que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, ratificando el compromiso de agotar las instancias judiciales, diplomáticas y administrativas para preservar los recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Inclusión de la firma Bluewater: La sanción a Bluewater genera impacto por su vinculación comercial cruzada con el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), para el cual fabricó dos monoboyas de almacenamiento. Si bien desde la operadora de Vaca Muerta precisaron que “no hay conflicto alguno con Bluewater” debido a que el acuerdo comercial se suscribió con anterioridad a sus tareas en Sea Lion, el Ejecutivo nacional decidió incluirla en la nómina para aplicar el régimen de penalidades sobre toda la cadena de abastecimiento.