El juez Francisco Astoul Bonorino libró el mandamiento judicial para retomar y completar la orden de desalojo iniciada a mediados de agosto en el paraje El Pedregoso, ubicado sobre la Ruta Nacional 40, entre Bariloche y Villa La Angostura. La resolución instruye la restitución de la fracción del lote pastoril 42 ocupada por la familia Quintriqueo, integrante de la lof Kinxikew, a favor de la propietaria del inmueble, María Cristina Broers. La medida busca dar continuidad a las actuaciones iniciadas el pasado 19 de agosto, oportunidad en la que efectivos de la Policía del Neuquén y del grupo especial GEOP desocuparon el sector costero del perilago que permanecía en posesión de la lof Melo.
El procedimiento anterior había quedado inconcluso en el tramo correspondiente a la lof Kinxikew debido a la presencia de menores de edad y a la ausencia de funcionarios de organismos de niñez y adolescencia. Con la nueva disposición, la Justicia ratificó el mandato de desahucio tras desechar las presentaciones de la defensa técnica y confirmar que la titularidad dominial de las 625 hectáreas se encuentra respaldada por decisiones de más de 15 magistrados que intervinieron en el expediente a lo largo de los años.
Origen de la causa, cronología de la ocupación y alcance de la medida judicial
La evolución del expediente judicial iniciado en 2011 comprende los siguientes hitos procesales y territoriales:
Inicio del litigio e ingreso al lote: La causa comenzó a tramitarse en 2011 a partir de la denuncia por usurpación presentada por Broers tras la radicación no autorizada de la lof Melo en el predio. Posteriormente, la familia Quintriqueo se asentó en el lugar y conformó la comunidad lof Kinxikew.
División del territorio y primer operativo: El lote pastoril de 625 hectáreas se encuentra atravesado por la Ruta 40. Durante el operativo de agosto se concretó la liberación del área lindante a la costa del lago Nahuel Huapi, mientras que la nueva orden se enfoca en el sector opuesto de la traza vial.
Estado de la causa: El nuevo mandamiento judicial confirmó la vigencia de la orden de desalojo sobre el predio, desmintiendo las versiones sobre una suspensión definitiva comunicadas por la representación legal de las comunidades.
