El exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, afronta esta semana el vencimiento del plazo formal otorgado por la Justicia para presentar las explicaciones correspondientes sobre el origen de sus bienes. La medida se enmarca en la causa penal que investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública, expediente en el cual el fiscal federal Gerardo Pollicita requirió que el exfuncionario responda un cuestionario técnico de 20 preguntas orientadas a esclarecer los incrementos patrimoniales detectados por la fiscalía.

El requerimiento judicial abarca el período comprendido entre el inicio de su gestión en diciembre de 2023 y su salida del Gabinete en junio de este año, pesquisa que también incluye el patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti. Según los peritajes preliminares incorporados al expediente, la pareja registró un saldo negativo entre los ingresos declarados y los egresos efectuados, a lo que se suman operaciones inmobiliarias y financieras que —según la Fiscalía— no poseen un respaldo de fondos lícitos comprobados. De no resultar satisfactorias las justificaciones elevadas por la defensa antes del plazo límite del martes —o tras una eventual nueva prórroga—, el fiscal podría solicitar formalmente la citación a indagatoria del exfuncionario.

Desfasajes financieros, inmuebles y puntos clave de la causa

Los ejes centrales del requerimiento fiscal e inconsistencias detectadas en la investigación judicial comprenden los siguientes puntos:

Brecha entre ingresos y gastos: Durante el período investigado, el matrimonio registró un ingreso comprobado de 229,7 millones de pesos frente a erogaciones por 272,8 millones, generando una diferencia no justificada de 43.068.549 pesos.

Operaciones inmobiliarias en divisas: El fiscal señala desfasajes por un total de 402.578,12 dólares vinculados a la adquisición de inmuebles, obras de refacción y compra de mobiliario que no concuerdan con los haberes percibidos en la función pública.

Prestamos familiares y bienes bajo sospecha: La investigación abarca préstamos financieros otorgados a familiares directos (Silvia Pais y Norma Zuccolo), la adquisición de un vehículo particular y erogaciones realizadas en un inmueble ubicado en el country Indio Cuá.