La Asociación Bancaria formalizó una denuncia internacional contra el Estado argentino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a raíz de la represión policial sufrida por trabajadores bancarios durante una asamblea gremial realizada en una sucursal del Banco Patagonia en la ciudad de Concepción, Tucumán. El escrito ante el organismo internacional señala la presunta violación de tratados y convenios de libertad sindical tras un operativo desplegado por la División Infantería de la Policía tucumana el 5 de diciembre de 2025, el cual culminó con dirigentes heridos, trabajadores aprehendidos e imputaciones penales contra los propios manifestantes.
Según la presentación gremial, la medida de fuerza se desarrollaba de manera pacífica en reclamo por un despido y episodios de hostigamiento laboral cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en el local comercial con el rostro cubierto, utilizando escopetas calibre 12/70 y elementos no reglamentarios para la contención de protestas. Posteriormente, las actuaciones judiciales derivaron en la imputación de dos de los empleados agredidos bajo la figura de resistencia a la autoridad, mientras que a la organización sindical se le rechazó la posibilidad de constituirse como parte querellante para controlar los peritajes balísticos.
Anomalías en la investigación, imputaciones penales y respaldo sindical internacional
Los aspectos centrales de la presentación ante la OIT y las irregularidades objetadas en el fuero penal tucumano comprenden los siguientes puntos:
Uso de armamento y elementos rígidos: La denuncia describe una intervención desproporcionada con disparos de escopeta 12/70 y uso de guantes tácticos con refuerzo en nudillos por parte de efectivos no identificados individualmente.
Cuestionamientos al trámite judicial: La investigación sobre el accionar de la fuerza quedó radicada en una fiscalía de usurpaciones y cibercriminalidad, al tiempo que la causa contra los trabajadores fue derivada a la Unidad Fiscal de Homicidios.
Firmantes del reclamo: La presentación lleva las firmas del secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, junto a Carlos Cisneros, además del respaldo institucional de Gerardo Martínez (CGT), la CSA-TUCA y las federaciones internacionales UNI Américas y UNI Global Union.
