El Poder Ejecutivo impulsa en el Presupuesto 2027 modificaciones estructurales al sistema de discapacidad y desata un intenso conflicto parlamentario

La inclusión de profundas reformas al régimen de discapacidad dentro del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 generó una fuerte marejada política en el Congreso de la Nación. La iniciativa impulsada por la administración central prevé dejar sin efecto cuatro artículos clave de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, un plexo normativo que había sido ratificado por el Poder Legislativo durante el período 2025 mediante el mecanismo de insistencia tras un veto presidencial previo.

Entre los puntos más controvertidos del articulado se destacan la reestructuración completa del sistema de pensiones, la eliminación de la compatibilidad entre el beneficio y el trabajo formal, la supresión de la garantía directa de cobertura médica y la desregulación de la tabla de aranceles que perciben los prestadores del sector.

En lo que respecta al esquema asistencial, la propuesta oficial plantea dar marcha atrás con la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social para reinstaurar el antiguo criterio de "invalidez laboral", fijando un haber equivalente al 70 % de la jubilación mínima.

Con esta modificación, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaría de constituir la llave de acceso automático al beneficio, quedando la acreditación subordinada a la demostración de la incapacidad para insertarse en el mercado de trabajo.

A esta barrera se suma la incompagibilidad total con el empleo registrado o la inscripción en el régimen simplificado, anulando el esquema previo que permitía percibir la pensión mientras los ingresos no superaran el equivalente a dos salarios mínimos y que preveía la reserva del beneficio en caso de despido.

Asimismo, la reforma presupuestaria impacta de lleno en la financiación del sistema de salud y de las prestaciones terapéuticas y educativas. Por un lado, se revoca la garantía específica que obligaba a brindar la cobertura médica integral de la Ley 24.901 a los titulares de las pensiones.

Por otro lado, el proyecto destruye el principio de arancel único universal y la actualización por movilidad previsional. De aprobarse la norma, cada obras social, prepaga o financiador privado podrá fijar de manera unilateral e individual los montos a abonar a los profesionales e instituciones, reservando para el Estado nacional una pauta de actualización trimestral sujeta al índice de precios.

El proyecto ingresa al recinto en una coyuntura política atravesada por una paradoja legislativa, dado que las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto iniciaron en paralelo el debate para prorrogar la ley de emergencia vigente hasta fines de 2027.

Mientras diversos bloques de la oposición calificaron la medida de regresiva y advirtieron sobre la fragmentación y desprotección a la que quedarán expuestos tanto las personas con discapacidad como los prestadores, el oficialismo busca consolidar la desregulación del sector dentro del paquete fiscal del próximo año.