El exdiputado y referente liberal José Luis Espert quedó envuelto en una marcada polémica luego de ser fotografiado en una delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ubicada en la localidad bonaerense de San Isidro.

El exlegislador, quien cumplirá 65 años el próximo 21 de noviembre, acudió a las oficinas previsionales para iniciar las gestiones destinadas a obtener su beneficio de retiro, pese a registrar únicamente cinco años de aportes formales a lo largo de su trayectoria laboral.

Para cubrir los veinticinco años faltantes, el dirigente recurrió a una Unidad de Pago Previsional (UPP) enmarcada en el Plan de Pago de Deuda Previsional. La situación desató un intenso debate debido a la evidente contradicción ideológica y discursiva.

El mecanismo al cual debió apelar el economista se desprende de la Ley 27.705, sancionada en febrero de 2023, una normativa a la que el propio Espert se opuso firmemente en el recinto legislativo al calificarla en reiteradas oportunidades como un símbolo del despilfarro fiscal y del desfinanciamiento estatal. Durante los debates parlamentarios, el dirigente había sostenido de manera categórica que la categoría de jubilado debía reservarse de forma exclusiva para aquellos ciudadanos que cumplieran estrictamente con la totalidad de los aportes contributivos exigidos por la ley.

Reacciones gremiales, apremio de plazos y un complejo panorama judicial

La difusión de las imágenes en las oficinas públicas fue impulsada inicialmente por referentes gremiales, entre ellos el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quienes utilizaron el episodio para cuestionar las contradicciones del sector oficialista frente a un sistema previsional que estructuralmente expulsa a amplios sectores hacia la informalidad laboral.

Según trascendió, el dirigente político enfrenta un plazo perentorio hasta el día de su cumpleaños para cancelar una cifra cercana a los nueve millones de pesos en concepto de unidades de pago atrasadas, requisito indispensable para concluir el trámite antes de alcanzar el límite etario.

En paralelo, esta reaparición en la escena pública se produce en medio de un frente judicial delicado para el exlegislador, quien continúa imputado en una causa federal por presunto lavado de activos vinculada al empresario Fred Machado.

Mientras la oposición y los sindicatos utilizan el caso para reabrir la discusión legislativa sobre la sustentabilidad de las moratorias y la protección social, el futuro del trámite previsional de Espert permanece condicionado tanto por la rigurosidad de los plazos administrativos como por el costo político de su propia doctrina económica.