El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un nuevo Programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa orientada a captar capitales extranjeros que comenzará a recibir postulaciones durante el cuarto trimestre de este año. UNa de las consecuencias directas es que se transforman extranjeros en argentinos para la compra de tierras en el país. La otra derivación es impositiva dado que tendrían algunas exenciones dado que los ciudadanos de nuestro país tributan por sus bienes tanto en el exterior como en el territorio nacional.

El esquema fue presentado formalmente por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco del evento internacional Argentina Week celebrado en París, como parte de la estrategia oficial para consolidar la apertura económica y fortalecer las reservas fiscales.

El programa contempla dos vías principales para el solicitante: un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares destinado al Tesoro Nacional, o bien la adquisición de un título público específico por un valor de 800.000 dólares.

Asimismo, el esquema prevé la integración del grupo familiar directo mediante aranceles diferenciados, fijando un monto de 100.000 dólares para cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, y de 25.000 dólares para menores de edad.

Controles de seguridad nacional, trazabilidad de fondos y organismos de intervención

Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que el acceso a la ciudadanía estará sujeto a un riguroso proceso de auditoría y evaluación para resguardar la seguridad nacional y la transparencia del sistema financiero.

La supervisión integral incluirá la verificación de identidad, el análisis de licitud y trazabilidad de los fondos, la revisión de antecedentes penales internacionales y el historial migratorio de los postulantes.

Las auditorías quedarán a cargo de una Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la actuación coordinada de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y las carteras de Seguridad y del Interior.

La validación definitiva recaerá sobre la Dirección Nacional de Migraciones, bajo estándares de cumplimiento alineados con las normativas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).