La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mantuvo un encuentro con funcionarios del Ministerio de Salud para manifestar su preocupación ante el inminente vencimiento de la normativa vigente. Reclamaron evitar retrocesos en los derechos del sector, revisar partidas presupuestarias y atender las deudas pendientes en prestaciones y pensiones.
En el marco de un escenario catalogado como "particularmente difícil" para el sector de Discapacidad, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) solicitó formalmente al Gobierno la prórroga de la emergencia vigente hasta que se logre sancionar y reglamentar una nueva ley. El pedido fue presentado por integrantes del Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social durante una reunión mantenida con autoridades del Ministerio de Salud.
El debate legislativo y el riesgo del vacío normativo
La principal preocupación planteada por la Iglesia gira en torno al vencimiento de la emergencia en discapacidad previsto para fin de año. Actualmente, el oficialismo impulsa un esquema permanente —respaldado por un dictamen de mayoría de 42 firmas en la Cámara de Diputados—, mientras que la oposición promueve su prórroga a través de un dictamen alternativo de 36 firmas.
Desde la perspectiva religiosa, esta puja parlamentaria genera "un serio riesgo": que el proceso legislativo no culmine antes del 31 de diciembre y que el sistema quede desprovisto de un marco legal definido justo en el período de planificación de las prestaciones para el año próximo.
Transición, no regresividad y participación
Si bien el documento eclesial reconoce ciertos aspectos positivos en el proyecto oficial, advierte sobre el peligro de aprobar una ley permanente "a costa de cerrar anticipadamente la emergencia o de reducir derechos adquiridos".
En este sentido, la Pastoral Social exigió:
Principio de no regresividad: Garantizar que la modificación del marco legal no suponga un recorte en las conquistas ya obtenidas por el sector.
Participación activa: Involucrar a las personas con discapacidad, sus familias, organizaciones y profesionales en el debate, tal como lo estipula la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Obligaciones pendientes y aranceles atrasados
El informe de la CEA también puso el foco en los incumplimientos de la legislación actual. Entre los puntos críticos se destaca la falta de aplicación de la compensación del 30,67% correspondiente al período entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, un porcentaje que debía conformar la base arancelaria desde enero de 2025 pero que nunca se trasladó formalmente al sistema, profundizando el desfasaje frente a los costos reales.
A ello se suman otras demandas históricas del sector:
La realización de un estudio de costos actualizado conforme a la normativa.
Medidas concretas de alivio fiscal por parte de ARCA (ex AFIP) para condonar intereses y multas a los prestadores.
La revisión de resoluciones que dejaron fuera de las compensaciones a determinadas obras sociales y prepagas.
Demoras críticas en pensiones y reparos al Presupuesto 2027
Otro de los ejes centrales abordados fue la situación administrativa de las pensiones no contributivas. Según datos difundidos por la Iglesia, existen más de 200.000 trámites pendientes, mientras que en los últimos tres años se otorgaron menos de 10.000 beneficios. Al respecto, remarcaron que "los tiempos administrativos no son neutros" y repercuten directamente sobre la autonomía de las personas.
En paralelo, la CEA solicitó revisar los artículos 36 a 41 del proyecto de Presupuesto 2027, al considerar que dichas disposiciones podrían vulnerar el sistema de derechos e incurrir en contradicciones con la legislación vigente.
Un llamado a no ajustar sobre los sectores vulnerables
El documento concluye con una cita a la encíclica Magnifica Humanitas y subraya que el acceso a la salud y a los apoyos indispensables para una vida digna no pueden quedar subordinados a "variables de ajuste económico"
