Tras el revés judicial dictado por la Cámara de Apelaciones en marzo de 2026, la magistrada dejó sin efecto la condena inicial contra la República Argentina. El fondo Burford Capital recurrió en apelación ante el máximo tribunal estadounidense.
La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, dio por finalizada su intervención en la demanda por la reestatización de YPF. Mediante una resolución dictada en el marco del procedimiento procesal habitual, la magistrada dejó sin efecto su fallo del año 2023 —que condenaba al Estado argentino— y dio por cerrado el expediente en la primera instancia judicial.
La decisión formal responde al cumplimiento de lo ordenado el pasado 27 de marzo de 2026 por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En dicho pronunciamiento, los jueces Denny Chin y Beth Robinson (con la disidencia de José Cabranes) anularon el fallo condenatorio de más de 16.000 millones de dólares al considerar que se había aplicado de manera errónea el marco normativo argentino.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación indicaron que la resolución de la jueza Preska constituía un paso administrativo esperable dentro del cronograma judicial. Asimismo, remarcaron que el litigio aún no concluyó de manera definitiva, ya que la definición final quedó supeditada a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Cronología y recorrido de la causa
El conflicto judicial transitó las siguientes etapas clave:
2012: Tras la expropiación de las acciones de YPF dispuesta durante el gobierno de Cristina Kirchner, las firmas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park entablaron demandas contra el país en los tribunales neoyorquinos, alegando el incumplimiento del estatuto social de la petrolera en perjuicio de los socios minoritarios. El fondo Burford Capital asumió el financiamiento del reclamo tras adquirir los derechos del litigio.
2023: La jueza Preska dictó sentencia de primera instancia contra la Argentina por un monto superior a los USD 16.100 millones (que trepaba a USD 18.000 millones computando intereses).
27 de marzo de 2026: El tribunal de alzada revocó la condena sosteniendo que la legislación de expropiación argentina impide reclamos de terceros que entorpezcan la recuperación estatal y que el estatuto corporativo no constituye un contrato susceptible de demandas por daños y perjuicios.
Junio de 2026: El plenario de la Cámara de Apelaciones (en banc) desestimó la solicitud de Burford para revisar la revocación, dejando como único recurso disponible la vía ante la Corte Suprema norteamericana.
Próximos pasos e instancia internacional
A comienzos de octubre, el fondo demandante interpuso un recurso de certiorari solicitando que el Máximo Tribunal estadounidense revise lo actuado, al calificar la resolución de segunda instancia como un precedente equivocado.
No obstante, las autoridades del equipo legal argentino remarcaron que la Corte Suprema de EE.UU. evalúa de manera discrecional las peticiones que ingresan (admitiendo aproximadamente 80 casos sobre un volumen anual de entre 7.000 y 8.000 presentaciones), sin contar con plazos prefijados para expedirse. En paralelo a la vía judicial en Norteamérica, Burford Capital abrió una causa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en representación de las sociedades del grupo Petersen.
