La decisión del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi de dictar el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y los demás involucrados en la causa que investigaba presuntas irregularidades con el activo digital $LIBRA desató una ola de duras críticas. Diversos sectores de la oposición, acompañados por voces del ámbito Periodístico y analistas, cargaron de manera frontal contra la resolución del juzgado y el dictamen emitido por el fiscal Eduardo Taiano.

Entre los principales cuestionamientos se volvió a poner bajo la lupa la designación de Ana María Cristina Juan —esposa del magistrado interviniente— como jueza federal en Hurlingham a mediados de año por parte del Poder Ejecutivo. Dirigentes de variadas dependencias políticas señalaron la existencia de una presunta confluencia de intereses, recordando que la querella ya había sido apartada previamente del expediente, limitando la capacidad de acción de los querellantes.
Cuestionamientos a la validez técnica del fallo

Desde el arco parlamentario de Unión por la Patria, la legisladora Sabrina Selva rebatió los fundamentos expuestos en la resolución, particularmente aquellos que sostuvieron una supuesta vulneración en la preservación de la prueba documental tras la difusión pública de peritajes elaborados por la DATIP.

Según la legisladora, los elementos probatorios permanecieron bajo la órbita de la fiscalía durante meses antes de trascender a la prensa. En ese sentido, remarcó que los estudios técnicos habrían acreditado aspectos clave investigados por la comisión legislativa, tales como la difusión inicial de los datos contractuales, los contactos simultáneos al momento de las publicaciones en redes sociales y la correspondencia entre movimientos financieros y registros hallados en dispositivos móviles de los sospechosos.

Por su parte, legisladores de bloques centrados en el espacio de Provincias Unidas y de la Coalición Cívica tildaron la resolución de "favor con favor se paga" e irónicamente calificaron el trámite como un procedimiento exprés orientativo a la impunidad.
Reacciones en el espectro político y las redes

El malestar por el cierre de la investigación penal encontró eco inmediato en referentes de distintas fuerzas de la oposición:

Espacios del centro y la izquierda: Integrantes del Partido Obrero y dirigentes de la izquierda recalcaron la velocidad con la que se resolvió la situación procesal de los funcionarios, calificando el fallo como un precedente de absoluta arbitrariedad.

Sectores del PRO y bloques provinciales: Exintegrantes de las comisiones investigadoras del Congreso manifestaron su perplejidad ante los argumentos utilizados para cerrar la causa, cuestionando la imparcialidad del fuero federal.

Debate público: A lo largo de la jornada, consultores, comunicadores y usuarios de plataformas digitales multiplicaron los mensajes de repudio, centrando el foco del debate en la independencia del sistema de justicia.