Las sesiones ordinarias del Comité de Derechos Humanos concluyeron su calendario formal a principios de noviembre sin tratar ni emitir un dictamen sobre el planteo presentado por los abogados defensores de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes buscaban revertir su condena judicial para habilitar una eventual candidatura política.

La solicitud principal, canalizada ante el organismo internacional, intenta cuestionar la sentencia firme dictada en el marco de la causa conocida como Vialidad, proceso en el cual la ex mandataria recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, encontrándose actualmente cumpliendo arresto domiciliario. Los letrados apuntaron a presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, denunciando supuestas irregularidades en las instancias previas de justicia, la selección de tribunales y la garantía de un juicio imparcial.

Sin embargo, los tiempos institucionales del comité internacional no jugaron a favor de la estrategia defensiva. Fuentes especializadas recuerdan que los procedimientos ante este órgano exigen traslados formales al Estado argentino y plazos de respuesta que suelen demandar varios años, por lo que el fondo de la cuestión recién podría ser evaluado durante el transcurso del próximo año.

En paralelo, la defensa deposita sus expectativas en la posibilidad de que el comité analice tres medidas cautelares presentadas de manera simultánea, orientadas a suspender la inhabilitación electoral, revisar la integración de los tribunales intervinientes y morigerar las condiciones de detención domiciliaria.

A pesar de estos movimientos en el ámbito internacional, juristas y especialistas en derecho constitucional advierten que las resoluciones del organismo de las Naciones Unidas no poseen carácter vinculante ni tienen la potestad jurídica de revocar o modificar un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que ya ratificó la responsabilidad penal de la ex funcionaria por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.