
Con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos del DNU 70/23 que liberaban los precios del sector. La Superintendencia de Servicios de Salud recupera la facultad de fiscalizar los ajustes, aunque los jueces descartaron atar las subas de manera automática a la inflación.
BUENOS AIRES. — En su primer pronunciamiento declarando la inconstitucionalidad parcial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló los artículos 267 y 269 de esa norma y restituyó el control estatal sobre los aranceles de la medicina prepaga. De este modo, las empresas del sector ya no podrán aplicar aumentos unilaterales sin la previa revisión y autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
La sentencia, rubricada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó parcialmente un fallo de la Cámara Federal de La Plata originado en el amparo de una afiliada cuya cuota había sufrido un incremento acumulado del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 —cuando, bajo el esquema regulatorio previo del Ministerio de Salud, el ajuste previsto para enero de ese año era del 6,26%—. El expediente había llegado a la máxima instancia tras las apelaciones tanto de la firma prestadora como del Estado Nacional.
El alcance práctico del fallo y el efecto dominó en tribunales
La resolución judicial tiene consecuencias inmediatas tanto en el esquema tarifario como en el plano litigioso:
Vuelve la fiscalización: Al quedar sin efecto la derogación y modificación introducida sobre la Ley 26.682, la Superintendencia de Servicios de Salud retoma su potestad para auditar las estructuras de costos y los cálculos actuariales de riesgo antes de habilitar cualquier actualización en los planes.
Sin tope automático por inflación: A diferencia de lo dispuesto en la instancia anterior en La Plata, la Corte revocó el tramo que ordenaba indexar las cuotas exclusivamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así, los ajustes no quedan atados de forma automática a la inflación, sino sujetos a la evaluación técnica de razonabilidad que realice la autoridad de aplicación.
Impacto en cientos de causas: El criterio fijado marca el rumbo para unos 500 expedientes similares que aguardan definición en el propio tribunal y sienta un precedente de peso para miles de amparos en todo el país, abriendo además la puerta a eventuales reclamos de reintegro por parte de usuarios que abonaron subas desreguladas.
Los argumentos constitucionales contra el DNU
Para invalidar la desregulación dispuesta por el Poder Ejecutivo, los magistrados apelaron a la doctrina constitucional que restringe el uso de decretos de necesidad y urgencia a situaciones de rigurosa excepcionalidad —un estándar que el tribunal había reafirmado el pasado 13 de agosto en el precedente "Cencosud"—.
Según advirtieron los jueces, el Gobierno no logró acreditar que existiera una imposibilidad real de tramitar la reforma a través del Congreso ni una emergencia tal que impidiera aguardar los tiempos legislativos ordinarios. En ese sentido, remarcaron que referencias genéricas a una "crisis del sistema de salud" o a la búsqueda de mayor competitividad resultan insuficientes para suprimir las facultades de control estatal sobre un servicio esencial.
"Los criterios de conveniencia del Poder Ejecutivo no pueden justificar la imposición de un régimen excepcional", subrayó el fallo, recordando que la Carta Magna no habilita a sortear el debate parlamentario por razones de celeridad. Finalmente, la Corte precisó que su decisión se circunscribe estrictamente a los artículos 267 y 269, sin emitir juicio sobre el resto del articulado del DNU 70/23.
