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La iniciativa recibió 47 votos afirmativos y 22 negativos, aceptando la modificación de Diputados que excluyó el Capítulo II para resguardar a los laboratorios locales. Desde el Gobierno destacan la proyección internacional para la ciencia argentina y la llegada de inversiones, mientras que desde el peronismo advierten por un posible encarecimiento de los medicamentos genéricos.

BUENOS AIRES. — Después de casi tres décadas de parálisis parlamentaria, el Congreso nacional convirtió en ley la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Patentes (PCT), un acuerdo multilateral suscripto actualmente por 158 países. Con 47 votos a favor y 22 en contra en el Senado, la administración de Javier Milei consiguió destrabar una de las principales exigencias planteadas por Estados Unidos en el marco del entendimiento comercial bilateral firmado en febrero pasado.

El pacto internacional no instaura una patente global única, sino que unifica los trámites de búsqueda, presentación y examen inicial de solicitudes de propiedad intelectual para desarrollos científicos e industriales, otorgando un plazo de protección de 20 años en los Estados adherentes. Según argumentan desde el Poder Ejecutivo, esta herramienta facilitará que tanto las firmas tecnológicas locales como organismos como el CONICET puedan resguardar y exportar sus innovaciones a escala global.

El vínculo con Washington y el escenario tras las elecciones en EE. UU.

La sanción definitiva representa una señal política hacia Washington en un momento de reconfiguración del tablero norteamericano. Según analistas y fuentes parlamentarias, el impulso oficialista respondió originalmente al compromiso asumido con la gestión de Donald Trump, cuyo embajador en el país, Peter Lamelas, había reclamado en agosto la pronta aprobación de la norma proyectando un potencial arribo de 8.000 millones de dólares en inversiones durante los próximos seis años.

Sin embargo, el reciente revés electoral sufrido por el partido de Trump en los comicios legislativos de medio término —donde los demócratas, críticos de la asistencia financiera por 20.000 millones de dólares otorgada a la Argentina, recuperaron el control del Congreso estadounidense— volvió aún más prioritario para la Casa Rosada exhibir ante todo el arco político de Estados Unidos el cumplimiento de sus acuerdos institucionales, pensando en la estabilidad financiera rumbo a 2027.

La "reserva" farmacéutica: qué cambió Diputados y aceptó el Senado

El expediente arrastraba una historia legislativa extensa: había obtenido media sanción en 1998, pero nunca avanzó en la Cámara baja hasta el pasado 27 de agosto, cuando Diputados lo aprobó por 147 votos contra 93 tras incorporar una modificación clave impulsada por la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA).

Para destrabar el apoyo parlamentario, el oficialismo aceptó sancionar el texto tal como vino de Diputados, incluyendo una reserva explícita al Capítulo II del PCT:

Lo que queda afuera (Capítulo II): Establece un Examen Preliminar Internacional elaborado por oficinas extranjeras antes de que la solicitud llegue a cada país. Al excluirlo, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) conserva plena autonomía para realizar la evaluación de fondo según la legislación local. Desde la industria farmacéutica nacional señalaron que este resguardo busca impedir el fenómeno conocido como evergreening (la extensión artificial de patentes mediante leves modificaciones en principios activos).

Lo que entra en vigencia (Capítulo I): Permite a los inventores y empresas argentinas presentar una solicitud única en idioma español ante la oficina local, recibiendo un informe internacional sobre sus chances de patentamiento y disponiendo de hasta 30 meses para decidir en qué países tramitar la protección.

El cruce en el recinto entre el oficialismo y el peronismo

Aunque el debate en la Cámara alta fue breve, dejó expuestas las diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto del impacto económico en el mercado de la salud.

Por el bloque Justicialista, el senador formoseño José Mayans cuestionó duramente la iniciativa al asegurar que responde a "la protección de los intereses de la industria farmacéutica de los Estados Unidos" y alertó sobre posibles consecuencias para los consumidores: "Esto va en contra de nuestra industria en medicamentos genéricos. Vamos a pagar 40% más caros los medicamentos", afirmó.

La réplica estuvo a cargo del titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador libertario Francisco Paoltroni —también representante de Formosa—, quien tildó los dichos de Mayans de "desinformación". "Esto no es un tratado de libre comercio, sino de cooperación en patentes. Tampoco es de Estados Unidos, es un tratado internacional al que ya adhirieron 158 países, que tiene creación en 1970 y que en esta Cámara, en el gobierno menemista al que adhirió el senador Mayans y Gildo Insfrán, tuvo media sanción", retrucó.

En tanto, desde el bloque Convicción Federal, el senador catamarqueño Guillermo Andrada valoró la exclusión del Capítulo II para frenar prácticas que mantienen altos los precios de los fármacos, aunque aclaró que la propia arquitectura del convenio deja abierta una puerta a futuro: "Este mismo Tratado permite la reversibilidad de esta medida. O sea que si una vez integrados volvemos hacia atrás, puede estar la salida para que se apruebe el capítulo 2".