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En los tribunales de Rosario, el juicio oral por el uso indiscriminado de agrotóxicos en la localidad de Pergamino entró en una etapa decisiva. Con testimonios desgarradores de las víctimas, el proceso busca determinar la responsabilidad penal de siete productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo y dos exfuncionarios municipales en un caso que marca un antes y un después en la justicia ambiental argentina.


El testimonio de las víctimas: "Cuerpos que hablan"

Sabrina Ortiz, referente de la lucha y querellante, brindó un relato pormenorizado de los padecimientos de su familia, quienes viven frente a campos de soja en el barrio Villa Alicia. Tras sufrir dos ACV y perder un embarazo, Ortiz descubrió mediante análisis toxicológicos que el cuerpo de sus hijos presenta niveles alarmantes de veneno:

·Ciro (su hijo): Posee 120 veces más sustancias tóxicas de lo que un organismo puede tolerar.

·Fiamma (su hija): Registra niveles 100 veces superiores a lo normal.

Por su parte, Alejandra Bianco, vecina del barrio Santa Julia, presentó un relevamiento propio donde identificó a más de 40 vecinos con enfermedades graves o fallecidos por cáncer, incluyendo a su propia pareja. Ambas denunciaron el abandono sistemático del Estado municipal, que habría ignorado las pruebas y denuncias durante más de una década.

Las pruebas técnicas del envenenamiento

El debate oral analiza pericias científicas contundentes que demuestran el alcance del daño ambiental en la zona:

·Suelo y Aire: Se detectaron 45 plaguicidas, con alta presencia de glifosato, atrazina y clorpirifos, incluso en los patios de las viviendas.

·Agua: Se hallaron 18 químicos diferentes que han llegado al acuífero Puelche, afectando tanto el agua de pozo como la red de consumo corriente de la población.

·Daño Genotóxico: Estudios confirmaron alteraciones genéticas en los habitantes, vinculadas directamente a la exposición a químicos.

Los acusados y el marco legal

El juicio se centra en la violación de la Ley de Residuos Peligrosos (24.051), que prevé penas de 3 a 10 años de prisión para quienes contaminen de modo peligroso para la salud.

1.Sector Agropecuario: Los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Roces, Cristian Taboada, los hermanos Sabatini y el ingeniero José Luis Grattone están acusados de fumigar en zonas urbanas ignorando medidas cautelares y ordenanzas de exclusión.

2.Funcionarios Públicos: Guillermo Naranjo y Mario Tocalini enfrentan cargos por incumplimiento de deberes, al no haber ejercido el control necesario sobre las aplicaciones de químicos.

Un hito en el corazón del agronegocio

Para la querella, este proceso rompe con décadas de silencio en la "cuna del agronegocio". Es la primera vez que se juzga el entramado completo: desde quien decide fumigar hasta el funcionario que permite que suceda. El caso pone en debate la prioridad de la salud pública por sobre la rentabilidad económica de un modelo productivo que, hasta ahora, parecía intocable ante la ley.