El Ministerio de Educación de San Juan inició un sumario administrativo contra una profesora de la Escuela Secundaria Comandante Cabot, ubicada en la capital provincial, tras registrar inasistencias injustificadas de forma continua durante ocho meses. A través de un informe del propio establecimiento educativo, las autoridades constataron que la implicada reside actualmente en Italia, a pesar de mantener la titularidad de sus funciones.
La situación de la docente, identificada como Tamara Recabarren, quedó expuesta mediante la publicación de un edicto oficial. En el documento se especifica que se desempeñaba en carácter de profesora interina dictando tres horas cátedra de la materia Educación Física en el curso de 6° año, 1ª división, durante el turno mañana.
Detalles del expediente y ausentismo prolongado
La investigación administrativa señala que el período de faltas sin justificación formal comenzó en agosto de 2025 y se extendió hasta marzo de 2026. Esta conducta motivó la apertura de las actuaciones por supuesta infracción a las obligaciones del personal docente contempladas en la Ley Provincial N.º 64-H.
Durante las primeras diligencias del caso, un oficial notificador perteneciente a la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos (OCIySA) se dirigió al domicilio declarado en el legajo de la profesora, pero no logró localizar la dirección postal. Posteriormente, las autoridades del colegio secundario aportaron el dato clave sobre su mudanza al continente europeo, lo que impidió concretar una citación de manera presencial.
Notificación por edictos y plazos legales
A raíz de la imposibilidad de dar con su paradero, la cartera educativa provincial recurrió a la vía de los edictos públicos. Bajo esta modalidad, los días 22 y 23 de junio se le dio a conocer la Resolución N.º 5548-ME-2026, la cual dispuso el inicio formal del procedimiento sumarial.
En esta nueva instancia, las autoridades ordenaron la divulgación oficial del capítulo de cargos pertinentes. Conforme a las pautas reguladas por la Ley N.º 142-A, la docente dispone de un término perentorio de cinco días hábiles para formular su descargo formal y adjuntar las pruebas que considere válidas para su defensa. Si el proceso avanza y se confirman las irregularidades denunciadas, el Ministerio de Educación dictaminará las penalidades correspondientes bajo el marco del estatuto del sector.
