Una insólita falla en los registros públicos alteró por completo la vida de un vecino de la zona oeste del Conurbano bonaerense. El hombre se enteró de su supuesta muerte de manera accidental al presentarse en una dependencia estatal, iniciando desde ese momento una compleja batalla legal y administrativa para demostrar que sigue con vida y lograr la restitución de su identidad formal.

El caso salió a la luz cuando el afectado acudió a realizar una gestión administrativa cotidiana. Para su sorpresa, el personal a cargo le notificó que el sistema informático centralizado arrojaba un acta de defunción a su nombre, lo que invalidaba de forma inmediata su Documento Nacional de Identidad (DNI) y bloqueaba cualquier tipo de operación civil, comercial o bancaria.

Las consecuencias de la "muerte civil"

La anulación de su documentación sumergió al damnificado en una situación de extrema vulnerabilidad. Al figurar legalmente como fallecido, el vecino de Ituzaingó quedó marginado del sistema: se vio imposibilitado de acceder a sus cuentas bancarias, realizar trámites de cobertura médica, percibir haberes o ejercer su derecho al voto.

Frente a este vacío legal provocado por un error de carga o una duplicación de actas en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el ciudadano debió asesorarse judicialmente para revertir la medida. El proceso para "resucitar" administrativamente exige la presentación de pruebas de supervivencia, la impugnación del acta de deceso errónea y una consecuente orden judicial que obligue a los organismos del Estado a dar de alta nuevamente sus registros y emitir un nuevo ejemplar de su credencial de identidad.