La madrugada del 2 de agosto de 1978 marcó uno de los episodios más atroces del terrorismo de Estado en la Costa Atlántica. En el balneario Luna Roja —ubicado a la altura del kilómetro 541,5 de la Ruta Provincial 11, entre Mar del Plata y Chapadmalal—, un grupo de tareas de las Fuerzas Armadas ejecutó el asesinato de cinco personas con militancia política, social y sindical. El hecho, presentado en su momento por la propaganda dictatorial como un accidente, demandó décadas de investigación judicial y trabajo forense para ser esclarecido por completo.
El secuestro en la Base Naval y la voladura clandestina
Las víctimas —cuatro mujeres y un hombre— permanecían privadas ilegalmente de su libertad en el Centro Clandestino de Detención que funcionaba en la Base Naval de Mar del Plata, bajo la órbita de la Agrupación de Buzos Tácticos. Durante la noche, fueron extraídas de la dependencia militar y trasladadas en un operativo secreto hacia el predio costero de Luna Roja.
Allí, los captores encerraron a los cinco detenidos en una precaria construcción y provocaron la detonación de un potente artefacto explosivo para quitarles la vida y destruir la evidencia. Con el objetivo de encubrir el crimen, los restos fueron recogidos e inhumados administrativamente como NN en el Cementerio Parque de Mar del Plata bajo la rotulación “NN-02-08-78”. De manera simultánea, los medios de prensa de la época difundieron un comunicado oficial que afirmaba que un grupo de «extremistas» había fallecido por la manipulación imprudente de un artefacto explosivo.
El encubrimiento oficial y la intervención del EAAF
La búsqueda de verdad por parte de los familiares se inició en medio de la dictadura, organizándose hacia 1977 en la Comisión Madres, Abuelas y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Mar del Plata. En octubre de 1982, el colectivo impulsó la causa «Frigerio Roberto y otros» para investigar las sepulturas irregulares en el cementerio local.
El hito determinante en la causa ocurrió en octubre de 2008, cuando el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en el marco del Juicio por la Verdad, ordenó la exhumación de más de treinta cuerpos archivados como NN. La intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitió determinar científicamente que las víctimas se encontraban atadas e inmovilizadas al momento de la detonación, desmintiendo de forma categórica la versión oficial. Entre 2011 y 2012, el EAAF logró identificar formalmente a cuatro de las personas asesinadas, mientras que los restos de la quinta víctima —una mujer— continúan bajo análisis para establecer su identidad.
Del juicio histórico a la señalización como sitio de memoria
La responsabilidad penal por la masacre fue juzgada entre 2015 y 2016 en los procesos conocidos como «Base Naval III y IV». El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó la pena de prisión perpetua para los máximos responsables de la unidad militar:
Raúl Alberto Marino, exjefe de la Base Naval y comandante de la Fuerza de Submarinos.
Rafael Alberto Guiñazú, excomandante de la Agrupación Buzos Tácticos y exsubjefe de la base.
Francisco Lucio Rioja, exjefe de la sección de Inteligencia de la unidad naval durante 1978 y 1979.
En el plano comunitario y patrimonial, el predio atravesó un prolongado proceso de resguardo. En 2013 se instaló el monumento Espina de la Memoria y la Municipalidad de General Pueyrredón declaró el área como sitio de interés histórico mediante la Ordenanza 21.385. Pese a sufrir actos de vandalismo e incluso el derribo con maquinaria pesada por parte de la concesión del balneario en 2019, el monolito fue reerigido por organizaciones de derechos humanos y vecinos. Finalmente, el 17 de mayo de 2025, el gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó la señalización oficial del sitio en cumplimiento de la Ley Provincial 13.584.
