Un grupo de jubilados y pensionados se concentró el viernes por la mañana  frente a la sede delegacional de PAMI en la ciudad de Neuquén para visibilizar el fuerte impacto generado por la interrupción de las prestaciones de salud y la cancelación de talleres recreativos y culturales. La suspensión de los programas que se articulaban mediante los centros de jubilados dejó sin actividades socio-preventivas a más de 600 afiliados en toda la provincia, en paralelo con un marcado deterioro en el acceso a tratamientos farmacológicos e intervenciones de complejidad. (Foto gentileza PTS)

El reclamo contó con el acompañamiento del diputado nacional Pablo Todero, quien detalló en declaraciones radiales la parálisis que afecta a la red de prestadores privados, farmacias y profesionales médicos. Según expuso el legislador, la demora en las liquidaciones oficiales y el desfasaje en los valores de los aranceles provocaron el corte de servicios en clínicas locales, la postergación de cirugías programadas y un desabastecimiento progresivo de insumos en farmacias que se ven imposibilitadas de reponer stock ante la falta de pago en tiempo y forma por parte de la obra social.

En el plano institucional, Todero contrapuso los indicadores presupuestarios del organismo, señalando que la obra social pasó de registrar un superávit de 123.000 millones de pesos a fines de 2023 a acumular un pasivo superior a los 500.000 millones de pesos en la actualidad. Ante este cuadro de situación, el diputado presentó junto al senador nacional Martín Soria una iniciativa parlamentaria para declarar la emergencia sanitaria, prestacional y financiera del PAMI por el término de 12 meses, solicitando además una auditoría integral a la Auditoría General de la Nación (AGN) para fiscalizar el destino de los fondos destinados a la contención médica de la clase pasiva.