Autoridades judiciales de la Patagonia encendieron las alarmas a ambos lados de la Cordillera tras revelarse una inédita maniobra delictiva: organizaciones criminales están adquiriendo estancias en territorio argentino con el objetivo de controlar accesos privados hacia pasos fronterizos no habilitados con Chile. La advertencia fue realizada por Julio César Zárate, fiscal federal de Río Gallegos, durante un encuentro de la Comisión de Seguridad Pública del Senado chileno desarrollado en la ciudad de Punta Arenas.

La operatoria permite a las redes trasnacionales disponer de predios de gran extensión para circular impunemente por la frontera, evitando los controles estatales. Si bien las investigaciones iniciales se focalizaron en el tráfico de estupefacientes, las pesquisas judiciales detectaron que estas rutas clandestinas también son utilizadas para el contrabando masivo de cigarrillos, mercaderías varias y operaciones vinculadas a la trata de personas.

Monitoreo y brechas normativas en el país vecino

Frente a la gravedad del cuadro expuesto por la justicia argentina, los organismos de control y el gobierno chileno evaluaron la situación en la zona sur:

Puntos críticos detectados: Las autoridades identificaron a las localidades de Palena y Cochamó como los sectores geográficos que presentan la mayor complejidad operacional para el despliegue del control fronterizo.

Refuerzo de la vigilancia: Desde el Ministerio de Seguridad Pública de Chile indicaron que, aunque no existe una alerta específica confirmada en sus pasos, se intensificó el monitoreo preventivo en la región austral.

Vacío legal en la compra de tierras: Representantes del gobierno chileno admitieron limitaciones administrativas, ya que no disponen de herramientas para fiscalizar de forma preventiva las operaciones inmobiliarias privadas, pudiendo intervenir únicamente tras la consolidación de un delito.