El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó en el Anexo del Congreso de la Nación su propio proyecto presupuestario para el ejercicio 2027, estimando una necesidad de 11 billones de pesos frente a los 7,3 billones asignados en la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.

Durante la exposición ante rectores, legisladores y referentes gremiales, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que la continuidad del dictado de clases en las casas de altos estudios estará en riesgo si el Poder Legislativo no introduce modificaciones a la pauta presupuestaria oficialista. Las autoridades universitarias señalaron que la propuesta elaborada por las unidades académicas se basó en los parámetros de la Ley de Financiamiento Universitario, proyectando la pauta de costos al mes de diciembre de 2026 en función de las previsiones del Banco Central.

El expediente consensuado por el plenario de rectores busca recomponer los salarios docentes y nodocentes, financiar obras de infraestructura, sostener el sistema científico e impulsar los presupuestos destinados a los hospitales universitarios y los programas de becas.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN, Mónica Biasone, precisó que la asignación requerida contempla además reequilibrar la proporción entre los gastos de personal y los costos operativos de funcionamiento para garantizar la viabilidad del sistema. La presentación contó con el acompañamiento de diversos bloques parlamentarios y dirigentes sindicales del sector, quienes remarcaron la falta de canales directos de negociación con las autoridades del Ejecutivo nacional.

Estructura del reclamo, brecha presupuestaria y respaldo parlamentario

Los puntos salientes de la propuesta presentada por el sistema universitario nacional comprenden los siguientes aspectos:

Brecha entre las proyecciones: El presupuesto requerido por el CIN alcanza los 11 billones de pesos, lo que representa una diferencia de 3,7 billones (un 33,6% más) respecto de los 7,3 billones proyectados por la administración central.

Distribución de fondos: La iniciativa contempla partidas para la recomposición de salarios, investigación en ciencia y tecnología, las Becas Manuel Belgrano, los centros médicos dependientes de las universidades y el mantenimiento del Sistema de Información Universitaria (SIU).

Readecuación de gastos: Se busca modificar la relación actual entre gastos de personal y de funcionamiento —que en algunas instituciones llegó al 93% y 7% respectivamente— con el objetivo de alcanzar una meta operativa del 85% para salarios y 15% para funcionamiento.