La firma chaqueña CARSA S.A., licenciataria de la cadena de electrodomésticos Musimundo, se presentó ante la Justicia para abrir su concurso preventivo de acreedores. La medida busca frenar el deterioro de sus finanzas, ordenar los pasivos y evitar un desmembramiento desordenado de la compañía ante la imposibilidad de afrontar sus compromisos corrientes.

La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de la ciudad de Resistencia, Chaco. La decisión fue ratificada por la totalidad de los socios tras ser informada a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El detonante que precipitó la medida fue el rechazo de cheques por falta de fondos por una suma cercana a los $1.593,4 millones, a lo que se añaden obligaciones con pago diferido hasta fines de octubre por otros $2.480 millones.

Un rojo financiero profundo

Más allá de los problemas de liquidez inmediatos, la situación patrimonial de la firma reviste mayor gravedad. Reportes de la calificadora Moody’s Local Argentina revelan que las deudas totales de CARSA escalaron hasta los $63.503 millones, evidenciando un salto significativo respecto de los períodos comparables anteriores, donde se ubicaban en $54.874 millones y $44.822 millones.

Este escenario es el reflejo de un marcado retroceso para una compañía que en sus años de expansión operó más de un centenar de sucursales y superó los 2.000 empleados en todo el país. En la actualidad, su presencia comercial se replegó principalmente al Norte Grande y a la provincia de Buenos Aires. La profundidad del bache financiero quedó expuesta meses atrás, cuando el directorio comenzó a evaluar ofertas para transferir un paquete de 45 bocas de expendio con el único fin de obtener caja y cancelar deudas, lo que motivó sucesivas bajas en su calificación crediticia.

Factores de la crisis y disputas internas

En los argumentos presentados ante la Justicia, las autoridades de la firma señalaron que el declive comenzó a agudizarse en marzo de 2025 debido a una fuerte contracción del consumo masivo y de la demanda de bienes durables. A esto sumaron factores como el ingreso de mercadería informal, la pérdida de márgenes por la competencia de productos importados, problemas en la cadena de abastecimiento y un incremento en la morosidad de las líneas de crédito al consumo que otorga la propia empresa.

Los balances previos ya reflejaban el impacto: CARSA arrastraba un saldo negativo de $11.500 millones en su ejercicio anterior y pérdidas por $4.500 millones solo en el primer trimestre de 2026. La crisis económica convivió además con una dura disputa societaria entre el accionista mayoritario, José María Franchino, y el grupo JAS Inversora, conflicto que incluyó reproches cruzados por la administración y demandó una intervención judicial con la designación de un veedor. No obstante, ante el riesgo de una cesación de pagos total, ambas facciones unificaron criterios para respaldar la vía concursal.

El antecedente de 2018 y el panorama de Musimundo

La compañía ya cuenta con experiencia en reestructuraciones judiciales. En junio de 2018 había recurrido a los tribunales por un pasivo que inicialmente rondaba los $1.000 millones y luego ascendió a los $3.000 millones. En aquella oportunidad, el proceso no derivó en un concurso definitivo, sino que se resolvió mediante un acuerdo privado que permitió refinanciar deudas por $5.500 millones con proveedores, bonistas y más de una veintena de entidades bancarias.

A diferencia de ese antecedente, el escenario actual muestra a una empresa con una estructura comercial notablemente más chica, menor acceso a financiamiento y pérdidas millonarias acumuladas. De todas formas, la apertura del concurso preventivo no implica el cese inmediato de actividades ni el cierre de los locales. Mientras se designe la sindicatura y se verifiquen los créditos de los acreedores bajo el marco de la Ley de Concursos y Quiebras, los puntos de venta continuarán operativos. La incógnita principal del mercado radica en determinar el tamaño final con el que la tradicional cadena logrará emerger de esta renegociación forzosa.