El entramado fabril de la provincia de San Luis atraviesa un escenario crítico caracterizado por el cierre de plantas históricas, cesantías masivas y crecientes conflictos por haberes e indemnizaciones adeudadas. La recesión económica y el desplome del consumo a nivel nacional impactaron de forma directa en el empleo registrado de las principales zonas industriales puntanas, forzando a las empresas a aplicar planes de ajuste urgentes.

Entre las situaciones más complejas se destaca la de la firma Master Lajas, radicada en el Parque Industrial Sur. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) denunció públicamente un presunto vaciamiento de la planta, señalando que la empresa incumplió las conciliaciones de pago pautadas. El conflicto mantiene en la incertidumbre a más de 50 familias que reclaman por el cobro de salarios retrasados, aguinaldos y las correspondientes liquidaciones finales. En sintonía, trabajadores de la alimenticia Bagley, en Villa Mercedes, llevaron adelante protestas tras denunciar despidos en los que el sector patronal pretendió abonar únicamente el 50% de los montos indemnizatorios de ley.

Paralización de actividades y adelanto de vacaciones

La contracción de la demanda provocó además el cese total de actividades en compañías de larga trayectoria en la provincia. Es el caso de la alimenticia Ledesma, la fábrica de productos de látex Cidal y la planta de Cerámica San Lorenzo, cuyos cierres definitivos dejaron un saldo de cientos de operarios desocupados en la región.

Por otra parte, el sector metalúrgico y de línea blanca recurrió a suspensiones masivas y licencias anticipadas como estrategia para mitigar los costos ante la falta de ventas. Multinacionales y firmas líderes como Drean y Spar implementaron esquemas de suspensiones de personal y adelantaron el período de vacaciones, abonando porcentajes reducidos de los salarios habituales durante el lapso de inactividad. Ante este panorama, los diferentes gremios locales advirtieron sobre el agravamiento mensual de los indicadores laborales y exigieron una intermediación urgente de las carteras de Trabajo tanto de la Nación como de la Provincia para salvaguardar los puestos de trabajo remanentes y regularizar las deudas con los despedidos.