El personal activo y retirado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federales dejó trascender su malestar por la situación que atraviesa: salarios iniciales bajos y deficiencias críticas en la atención médica. La situación es particularmente grave fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la dependencia de prestadores locales y la falta de infraestructura propia agudizan el problema.

La Obra Social IOSFA en el ojo de la tormenta

Las Fuerzas Armadas, bajo la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación (Luis Petri), enfrentan un escenario complejo con respecto a la atención de salud. Pese a que los descuentos por obra social a través de IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) oscilan entre $100.000 y $300.000 mensuales, las prestaciones son deficitarias en varias provincias.
IOSFA cubre a más de 600.000 afiliados, incluyendo personal militar y civil del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, así como personal contratado, docentes, retirados, jubilados, pensionados, familiares, ex soldados conscriptos y veteranos de Malvinas.

Las fuerzas de seguridad federales, dependientes del Ministerio de Seguridad (Patricia Bullrich), también denuncian un deterioro similar en los servicios médicos y salarios desactualizados. Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria sufren las mismas condiciones. Frecuentemente, los prestadores suspenden servicios por falta de pago, obligando a los afiliados a costear estudios, medicamentos, tratamientos o cirugías de su bolsillo, con la incierta esperanza de un reintegro.

Un ejemplo claro se vive en Misiones, donde el prestador de la obra social del Servicio Penitenciario Federal, IAMIP, suspendió servicios de farmacia por semanas debido a atrasos en los pagos. Esto forzó a jubilados a comprar medicamentos de alto costo sin garantía de reintegro. En el caso de IOSFA, aunque los pagos a laboratorios se reanudaron, muchas prestaciones como kinesiología, radiografías y consultas con especialistas permanecen interrumpidas en numerosos municipios, ya que varios laboratorios temen nuevos atrasos.

La situación alcanzó un punto crítico en abril, con la denuncia del corte de prestaciones para personas con discapacidad, lo que afecta directamente a niños y adultos que requieren terapias continuas. La carencia de servicios se agrava en el interior del país, donde las fuerzas no disponen de hospitales propios y deben depender de convenios con prestadores locales. En ciudades más pequeñas y zonas rurales, los afiliados se ven obligados a trasladarse a las capitales provinciales para una atención parcial, dejando al resto del territorio prácticamente desprovisto de cobertura.

Particularidades de las Obras Sociales y malestar

La Policía Federal Argentina cuenta con su propia obra social, administrada por la Superintendencia de Bienestar. El Servicio Penitenciario Federal también tiene su obra social con sedes en CABA y provincias. Por otro lado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sin obra social propia, mantiene un convenio con Unión Personal desde 2021. Este convenio incluye el Plan Classic para retirados y jubilados, mientras que los activos pueden optar por planes superiores con más de cinco años de afiliación, generando malestar por los costos adicionales que deben afrontar.

Salarios insuficientes y aumento de bajas

En el ámbito salarial, los ingresos iniciales en julio resultan gravemente insuficientes frente al costo de vida actual. Un gendarme o marinero percibe en promedio $728.304, con el escalafón "Gendarme II" en $662.095. Un aspirante de la Policía Federal cobra $624.426 y un cadete de tercer curso $612.797. Un cabo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea recibe $673.588. El personal del SPF percibe montos similares, entre $662.095 y $728.300. En varias provincias, estos ingresos se encuentran por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, e incluso por debajo de lo que cobra un vigilador privado.

Este descontento se traduce en un aumento alarmante de pedidos de baja. Entre enero y junio de este año, se registraron:

·Ejército: 257 bajas

·Armada: 234 bajas

·Fuerza Aérea: 193 bajas

·Gendarmería: 386 bajas

·Prefectura: 322 bajas

·Policía Federal: 412 bajas

·PSA: 177 bajas

·SPF: 292 bajas

En su mayoría, se trata de efectivos jóvenes que, destinados en ciudades como Buenos Aires, no logran cubrir los costos de alquiler y vida lejos de sus provincias. Muchos optan por regresar a sus lugares de origen para sumarse a las policías locales o buscar oportunidades en el sector privado.

La Asociación de Suboficiales Argentinos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (ASUBA) envió una carta al ministro Petri, expresando su "profunda indignación" por la falta de respuestas. El documento critica el congelamiento de la equiparación salarial y el "colapso" de IOSFA. "No hablamos de aspiraciones: hablamos de alquiler, de alimentación, de medicamentos, de hijos que no acceden a tratamientos y de camaradas que mueren esperando un reintegro", afirmó la entidad, advirtiendo que hay personal en actividad que percibe ingresos por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.