La ciudad de Neuquén es hoy el epicentro de un juicio de gran envergadura que busca esclarecer una compleja red de corrupción y desvío de fondos públicos. Catorce personas están imputadas en este proceso judicial que promete ser extenso, con la declaración de más de 200 testigos. El foco del debate son los hechos ocurridos entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, relacionados con el desvío de dinero destinado a planes sociales para desempleados de la provincia.

La investigación apunta a que exfuncionarios y empleados del entonces Ministerio de Desarrollo Social habrían conformado una asociación ilícita para apropiarse de un monto impactante: 153.377.900 pesos. La modalidad delictiva, según lo revelado hasta el momento, consistía en el retiro de dinero de cajeros automáticos del Banco Provincia del Neuquén (BPN), utilizando tanto tarjetas de beneficiarios reales como de personas ficticias.

Entre los principales acusados, señalados como parte de la cúpula de esta organización delictiva, se encuentran Ricardo Soiza, Néstor Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengenthaler. La complejidad del caso se incrementa con la presencia de testigos que, habiendo participado inicialmente en los ilícitos, decidieron colaborar con la fiscalía a cambio de beneficios procesales, aportando información crucial para la investigación.

El tribunal encargado de impartir justicia estará integrado por los jueces Luciano Hermosilla, Juan Manuel Kees y Juan Guaita. En representación del Ministerio Público Fiscal, la acusación será sostenida por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez. Se estima que este proceso judicial podría extenderse hasta la primera quincena de agosto, manteniendo la atención pública sobre cada avance de la causa.