La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha solicitado a la Justicia Federal el allanamiento de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. La medida se enmarca en la denuncia del Gobierno por la difusión de grabaciones privadas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que el oficialismo calificó como una "operación de inteligencia ilegal".
El pedido de allanamiento fue presentado por el abogado Fernando Soto, quien representa al Ministerio de Seguridad por "indicación expresa" de Bullrich. En el escrito, se califica la difusión de los audios como una situación de "gravedad inusitada", ya que se trata de material "jurídicamente inocuo" que compromete la intimidad de la funcionaria.
La Justicia prohíbe la difusión de las grabaciones
En paralelo, el juez Patricio Maraniello ordenó de manera cautelar que se prohíba la difusión de las grabaciones en cualquier medio de comunicación o plataforma digital. La resolución llega después de que el Gobierno formalizara su denuncia, en la que el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que no se trató de una simple "filtración", sino de "un ataque ilegal, planificado y dirigido" para desestabilizar al Poder Ejecutivo en plena campaña electoral.
La denuncia por presunta violación a la Ley de Inteligencia Nacional recayó en el juzgado de Ariel Lijo con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. El caso se suma a la tensión política y mediática, y evidencia cómo la campaña electoral ha quedado marcada por acusaciones de espionaje y operaciones de inteligencia.